MÉXICO.- Durante los últimos años, las Fuerzas Armadas se han colocado como una de las principales herramientas del Gobierno federal, en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad.

Sin embargo, esto ha llevado a que los militares, en ocasiones lleven a cabo violaciones a los derechos humanos, tal como acota la organización Human Rights Watch, la cual apunta con base en informes de la CNDH que de 2006 a julio del año pasado, se recibieron casi 10 mil denuncias por abusos.

Tan sólo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se han interpuesto más de dos mil quejas.

De acuerdo con el informe de Human Rights Watch, hubo más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares.

Durante el gobierno de Peña Nieto, elementos de fuerzas de seguridad han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, en el marco de acciones contra el crimen organizado, de acuerdo con el informe anual de la organización.

“El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la guerra contra el narcotráfico en México”, indicó.

En 2014, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que en México “sigue produciéndose un número alarmante” de ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad “sistemática y endémica”.

En agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que policías federales habían ejecutado arbitrariamente a 22 de 42 civiles que murieron en un enfrentamiento en 2015 en Tanhuato, estado de Michoacán.

De acuerdo con el informe, los policías mataron a 13 personas con disparos por la espalda, torturaron a dos detenidos y quemaron vivo a un hombre, y luego, para justificar las muertes, manipularon el lugar de los hechos corriendo cuerpos y colocándoles armas para incriminar a estas personas.

Las desapariciones forzadas, también forman parte del informe de Human Rights Watch, al indicar que desde 2006, elementos de las fuerzas de seguridad de México, han tomado parte en esta práctica.En agosto de 2016, el gobierno informó que aún se desconocía el paradero de más de 27 mil personas reportadas como extraviadas desde 2006.

El gobierno federal ha impulsado dos iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce, pero estas han tenido resultados limitados y creó una unidad dedicada a la investigación de desapariciones, en 2015 se convirtió en una Fiscalía Especial.

En abril, los responsables de la fiscalía informaron que presentaron cargos en cuatro de 830 de desapariciones que comenzaron a investigar.

con información de Human Rights Watch

jcrh