Activistas y organizaciones civiles protestan a las afueras del Senado de la República, en abierto rechazo a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que dicha órgano legislativo deberá discutir y resolver esta semana.

Los inconformes, encabezados por la analista política Denise Dresser y la lideresa de Causa en Común, María Elena Morera, lograron ingresar al recinto legislativo para entregar a la Mesa Directiva las 100 mil firmas ciudadanas que rechazan dicha medida.

La Cámara de Diputados, bajo el respaldo de la coalición PRI, PVEM y NA, aprobó la semana pasada el dictamen sin debate por lo que su avance en el Senado podría concretarse si legisladores del PRI, PVEM y los llamados «rebeldes» del PAN votan en el mismo sentido.

En conferencia de prensa, el senador Mario Delgado, flanqueado por activistas y representantes de la sociedad civil, cuestionó la prisa de la bancada del PRI en sacar adelante una ley que ya ha sido cuestionada por institutos locales e internacionales. En ese sentido, la senadora perredista Angélica de la Peña señaló que la cámara debe escuchar los reclamos ciudadanos y pidió a las fracciones de PRI y PVEM comprometerse a un verdadero debate sobre el contenido de la iniciativa.

En su intervención, la analista Denise Dresser dijo que la sociedad civil debe comenzar a analizar el costo político que podría caer sobre los responsables del aval a la legislación. Por su parte, María Elena Morera dijo que lo necesario es la presentación de otro paquete legislativo en donde se inicie el retiro paulatino de elementos de las Fuerzas Armadas de las calles y un sistema de castigos e incentivos para que gobiernos estatales se comprometan a capacitar a sus policías.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanosasí como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han puesto de manifiesto su preocupación a la aprobación de este marco legal.

A grandes rasgos, la Ley de Seguridad Interior, de acuerdo con organizaciones y legisladores que votaron en contra, perpetua la militarización del país, permite a las Fuerzas Armadas no rendir cuentas sobre su intervención en tareas de seguridad pública y autoriza al Poder Ejecutivo ordenar “acciones inmediatas” a discrecionalidad.