CIUDAD DE MÉXICO.- El combate al narco, tiene un alto costo. No solo en vidas sino también económico. De acuerdo con datos oficiales, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) gasta alrededor de 183 mdp anuales en lucha contra el narcotráfico. A fin de llevar a cabo sus operaciones, tiene desplegados en 16 entidades a 11 mil elementos.

En total y en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, la guerra al narcotráfico le ha costado a la Semar, 731 millones 197 mil 332 pesos.

Cifras obtenidas a través de la solicitud de información, vía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), con número de folio 0001300024616 refieren que la Armada de México tiene distribuidos a más de 11 mil infantes de Marina principalmente en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por su parte, la Semar dice contar sólo con información de los últimos cuatro años: del 2012 al 2015 y no del periodo 2007-2012 que comprende el sexenio del panista Felipe Calderón, pues, señaló, no encontró registro de los montos económicos destinados en ese tiempo para el desempeño del personal de Marina en dichas tareas.

«En aras de la transparencia se informa que únicamente se cuenta con la información de la Policía Naval en funciones de seguridad pública comprendido en el Compromiso Presidencial CG-013, de los años 2012-2015», reportó la Secretaría de Marina.

Aclaró que la institución, encomendada en diversas tareas de combate a los cárteles de la droga, coadyuva en labores de seguridad pública para el restablecimiento del Estado de Derecho, sólo a petición de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Por otro lado, la Secretaría de Marina Armada de México informó que en 2015 incorporó a personal de inteligencia en diversos operativos tendientes a debilitar las diversas expresiones de la delincuencia organizada como son ejecuciones, secuestro, robo de combustible, extorsión y sicarios.

Los apoyos antes citados, reveló la dependencia, se proporcionaron en los estados de Veracruz, Estado de México, Guerrero, Baja California Sur, Baja California, Tamaulipas, Jalisco y Sinaloa, en los que «se apreciaron una disminución de violencia y acotamiento de organizaciones delictivas autóctonas y emergentes».

jcrh