CIUDAD DE MÉXICO,- Más que justicia se establece que había ciertos rasgos de venganza política y por ello algunos personajes han pasado buena parte de su existencia tras las rejas, sin embargo el Nuevo Sistema de Justicia Penal ofrece alternativas para quienes claman su libertad y cuyas detenciones fueron mediatizadas.
A partir de la nueva forma de impartir justicia habrán de emprenderse batallas legales por obtener su libertad con la aplicación de retroactividad de la ley. José Manuel Mireles a quien en Michoacán, consideraron un rival político por las defensas comunitarias, Andrés Garnier a quien le fincaron un grave desfalco; Amado Yáñez por el fraude a Pemex -Oceanografía-, Elba Esther Gordillo la líder del SNTE, Vicente Carrillo, entre otros.
Y es que con la aplicación de la oralidad en México existe un amplio catálogo de delitos para los cuales no se prevé como necesaria la prisión preventiva durante el proceso penal, e incluso una vez recibida la sentencia.
Los personajes antes citados, y varias decenas de personas más, acusadas por delitos como fraude, lavado de dinero, posesión de arma de fuego, entre muchos otros, argumentan su petición en el artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente para todo el país.
Dicho artículo apunta el derecho de las personas de promover la revisión a la situación de prisión preventiva en que se encuentran y se le dicte con base en la ley penal vigente anterior a la entrada en vigor del sistema adversarial.
Abogados señalan que desde la PGR y el Poder Judicial existe una estrategia para negar la cancelación de la prisión preventiva, aduciendo que el citado artículo transitorio no puede estar por encima de la Constitución.
“Los litigantes se están enfrentando al temor de Jueces a aplicar la ley, y aplican la técnica de que mejor resuelva su superior; los casos, sin duda, van a llegar a la Suprema Corte”, aseguró el abogado Gabriel Regino, quien comentó que esto abre la puerta para denunciar a jueces por no querer aplicar la ley.
Eduardo Luego, defensor del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, ya solicitó la revisión del caso de su cliente, pero está seguro de que le negarán el beneficio, por lo que afirma que “lo que procede es esperar esa negativa y solicitar el amparo”, dijo.
En caso de que se avalara este beneficio, el juez tendría que aplicar una o varias de las medidas cautelares previstas en la ley –como las aplicadas recientemente a Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto–, como la prisión domiciliaria, uso de brazalete electrónico o prohibición de salir del país, entre otras.
r3