Pasando por encima de los derechos de las víctimas, a la vida, la libertad y la seguridad, Jueces de Causa Penal dejaron en libertad a una banda de secuestradores, bajo el criterio aberrante de que la Policía no puede rescatar a la víctima antes de presentar al secuestrador ante el Ministerio Público y el Juez.

Ante estos argumentos los plagiarios quedaron sin recibir su castigo y una niña de cuatro años de edad y su madre embarazada son victimizadas por segunda ocasión por las fallas judiciales de Michoacán.

Alto al Secuestro rechaza tajantemente la sentencia dictada en la Causa Penal del Tribunal de Juicio Oral del Estado de Michoacán, en relación al secuestro de una pequeña y su madre embarazada.

Los Jueces del Tribunal: Jesús Alejandro Sosa Maya, María Consuelo López Ramírez y Ana Lilia García Cardona, dejaron sin castigo a los secuestradores.

Cabe señalar que tres de los secuestradores fueron detenidos en flagrancia al cobrar el rescate.

En la detención la policía les leyó sus derechos y sin que mediara tortura, intimidación o coacción, los delincuentes señalaron dónde se encontraban la niña y su madre.

Gracias a esta declaración, la Policía pudo rescatar a las víctimas y detener a otros dos miembros de la banda que se encargaban de alimentarlas y vigilarlas.

Como parte del esfuerzo de la Asociación Alto al Secuestro, su titular, Isabel Miranda de Wallace lamentó profundamente el nuevo atropello en contra de la pequeña y su madre: primero por los criminales que las secuestraron y ahora a consecuencia de las severas fallas del aparato judicial de Michoacán.

Es indignante que si la Policía contaba con esta información, los jueces les impidan ir a rescatar a las víctimas de manera inmediata, poniendo en riesgo su vida.

Esto habla del desconocimiento que tienen en materia de secuestro, ya que si el cobrador del rescate no regresa en determinado tiempo, los secuestradores matan a la víctima.

Es decir, el Poder Judicial manda el mensaje de arriesgar la vida de la víctima si es necesario, para cumplir con las formalidades y tecnicismos del procedimiento.

Se privilegia el debido proceso únicamente para el secuestrador por encima de la vida de la víctima, considero Wallace, es más importante el formalismo, según los jueces, que la vida misma de una persona secuestrada. Así de mal está la justicia en México.

Esta es la tercera ocasión que los Jueces de Michoacán anteponen a la vida y a la libertad de las personas secuestradas, falsos derechos de los secuestradores que no existen ni en la Constitución ni en la Ley.

No existe ninguna norma en estos ordenamientos ni en los Tratados Internacionales que señale que la información proporcionada por un detenido de manera voluntaria no puede ser utilizada para fines de investigación.

Por ello, hacemos un llamado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán para que el Poder Judicial abandone estos criterios hiper garantistas a favor del imputado y obligue a sus jueces a respetar los derechos de las víctimas del delito.

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