CIUDAD DE MÉXICO,- Desde que se diera a conocer el presupuesto para 2017 y que la CDMX sería cautiva de este recorte financiero, las finanzas en esta capital han palidecido y las promesas de mejorar el sistema del transporte capitalino al cambiar dichas unidades, han quedado en la carpeta de pendientes.
Por ello se ideó una nueva Ley de Vivienda que aprobada por la Asamblea Legislativa -que presuponía- expropiación o confiscación de la propiedad y el patrimonio de los ciudadanos se viera afectado. Ante las dudas, la capital del turismo, palidece por una serie de mejoras que desde sexenios anteriores ha padecido la falta de mejoramiento urbano.
Entonces la única forma de llegarse fondos colmó de inquietudes a la ciudadanía porque se sentían ofendidos ante la proximidad de nuevos impuestos. La legisladora Margarita Martínez Fisher de Acción Nacional establece que el ordenamiento no atentará contra la ciudadanía.
Explicó que, en ese caso, a lo que se refiere el texto aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) es al valor generado cuando existan nuevos desarrollos inmobiliarios.
Puso como ejemplo que si hay un programa de vivienda nueva donde hubiera una densificación o se generan más niveles, es decir exista un potencial constructivo mayor, se tiene que pagar por ese valor, pero ese costo tendrá que ser erogado por los desarrolladores inmobiliarios, jamás por los vecinos.
A nombre de la bancada de su partido, precisó que ese pago debe ser cargado a los desarrolladores, no a los ciudadanos, y sólo aplicaría cuando se pida la Licencia de Construcción o exista un cambio en el Uso de Suelo, como se establece en la Ley Federal de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial.
Dejó claro que la diputación local de Acción Nacional defenderá en todo momento el derecho a la propiedad privada y al patrimonio de las familias.
Pero al mismo tiempo, añadió, “vamos a defender que los inmobiliarios paguen contribuciones para mejorar a la ciudad como se hace en los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Quintana Roo y San Luis Potosí, entre otros.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF mencionó que su grupo legislativo además apoyará la petición del presidente de la Comisión de Gobierno para que la ley no se publique hasta que se eliminen conceptos que causan confusión y dar total certeza a los ciudadanos.
“Por ello vamos a solicitar al jefe de gobierno que no se promulgue hasta que las redacciones estén claras y no exista confusión, con el propósito de que los ciudadanos estén totalmente tranquilos”, remarcó la legisladora.
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