ESTADO DE MÉXICO,-   La liberación de tres militares involucrados en la masacre ocurrida el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, combinado con la falta de castigo a los policías de la Procuraduría mexiquense que torturaron a los sobrevivientes de esos hechos, marca un peligroso precedente para nuestro país, afirmó el dirigente del PRD en el Estado de México.

El dirigente del PRD, en el Estado de México, Omar Ortega Álvarez, aseveró que el mensaje para la ciudadanía es que en nuestro país la justicia puede aplicarse por consigna, con el fin de encubrir a presuntos asesinos y torturadores, no importando que se vulneren derechos de la ciudadanía.

Ante ello cuestionó que la PGR no haya aportado las pruebas necesarias para fortalecer la acusación contra los tres militares que la semana anterior fueron liberados por un juez federal.

Y ahora asegure que volverá a presentar cargos, cuando en una primera ocasión contaban con todas las pruebas necesarias para sustentar adecuadamente una sólida acusación.

Ante la clara pretensión de encaminar el Caso Tlatlaya a la impunidad, tanto en el ámbito de la justicia penal para militares como para civiles, solicitará la intervención del Congreso de la Unión para demandar cuentas a las diversas instancias involucradas, evitar así que impere la injusticia y prevenir que se vuelvan a cometer otros crímenes semejantes en el futuro.

Recordó que, a raíz de sus investigaciones sobre el caso, la CNDH hizo recomendaciones a diferentes dependencias federales y mexiquenses involucradas en el caso.

Entre otras, a la Sedena , le recomendó enjuiciar a los militares involucrados, y a la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar un proceso paralelo para también enjuiciarlos como civiles.

Así lo hicieron ambas dependencias del Ejecutivo Federal, pero el Juzgado Sexto Militar de la Sedena , en la más completa opacidad, absolvió a seis de los participantes y a uno más lo sentenció a un año de prisión por desobediencia, pena que ya ha habría purgado durante el proceso, lo que de hecho fue otra absolución.

A su vez, el Sexto Tribunal Unitario de Segundo Circuito absolvió en el proceso penal civil a tres militares acusados del homicidio debido a una deficiente actuación de la PGR , entre otras razones, porque esta dependencia fragmentó la investigación en varias averiguaciones previas y fue reticente a investigar a todos los militares que pudieron estar involucrados.

En tal virtud -afirmó Ortega-, la PGR debe explicar a la ciudadanía de manera precisa y transparente cuáles fueron las fallas que cometió y que permitieron a un juez federal conceder dicha libertad a los elementos castrenses.

También exigió que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México informe el estado que guardan los juicios a funcionarios y policías ministeriales que fueron acusados de torturar a tres mujeres que sobrevivieron a los hechos de Tlatlaya, así como lo relativo a la respectiva indemnización a las sobrevivientes.

En un principio fueron siete los policías ministeriales acusados por su probable responsabilidad. Sin embargo, se les concedió enfrentar su proceso en libertad.

El líder del PRD en el Estado de México señaló que el Caso Tlatlaya, uno de los más graves en cuanto a violaciones de Derechos Humanos, muestra una vez más la debilidad institucional prevaleciente en el país, las arbitrariedades cometidas por elementos del Ejército, y la complicidad e ineficiencia de la PGJEM y la PGR.

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