CIUDAD DE MÉXICO,-   La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), hizo un llamado a las autoridades de la Ciudad de México (CDMX), a garantizar que todas las personas ejerzan el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional.

El documento es resultado del trabajo conjunto entre la CDHDF; Fian México; la Unión de Mujeres de Ixtlahuacan; Coa Nutrición; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Unión Popular Valle Gómez, y define el derecho a la alimentación como el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre a una nutrición adecuada y suficiente.

En el Informe, la CDHDF manifiesta la necesidad de adoptar medidas que garanticen este derecho en todos sus aspectos: desde la generación de condiciones para el desarrollo de las y los productores agrícolas, pasando por garantizar la participación igualitaria de todos los sectores productivos en el mercado y hasta la procuración del acceso de todas las personas a los alimentos.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en su Anexo estadístico de pobreza en México, Anexo estadístico 2014, casi 12% de las y los habitantes de la Ciudad de México vive carencia por la falta de acceso a la alimentación, con una incidencia mayor en las delegaciones Xochimilco, Iztapalapa y Milpa Alta.

Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exhorta al Gobierno de la capital a poner en marcha acciones que contribuyan al logro de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), pacto que enlista 17 objetivos y 169 metas que atienden las esferas económica, social y ambiental, en donde “los alimentos sean suficientes, inocuos, asequibles y nutritivos, sin pobreza, hambre, enfermedades, ni privaciones”.

Para la CDHDF, las políticas públicas en materia de alimentación deben orientarse a la satisfacción de este derecho; reconocer a las personas como titulares del derecho a la alimentación y no como beneficiarias y estar dirigidas a la realización progresiva del derecho como su objetivo específico.

Además, asumir que el Estado tiene obligaciones que no están sujetas a la voluntad política y debe responder por sus acciones u omisiones; habilitar mecanismos y recursos para poder exigir la reparación de las violaciones al derecho a la alimentación y por último incorporar los principios de igualdad y no discriminación, participación y transparencia y rendición de cuentas en su proceso de elaboración, seguimiento y evaluación.

El Informe Especial “El derecho a la alimentación en el Distrito Federal. Parte II. Orientaciones de política pública con enfoque de derechos humanos”, se divide en tres apartados: el marco jurídico y la organización programático-institucional; la discriminación en el acceso a los programas de asistencia social y las estrategias que se proponen en distintos rubros para eliminar los obstáculos que impiden su pleno ejercicio.

La premisa básica del Informe Especial es la satisfacción de todos los componentes del derecho a la alimentación, la cual sólo se logrará cuando las autoridades de todos los órganos de gobierno atiendan el cumplimiento de todas sus obligaciones en materia de derechos humanos.

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