MÉXICO.- Los procesos de entrega-recepción en 12 estados son el principio del fin para quienes gobernaron a sus anchas durante seis años.

Sin importar que tratan de aferrarse al fuero otorgado por la investidura de gobernador, personajes que concluyen con su administración deberán enfrentar a la justicia o “desaparecer” entre las irregularidades, el endeudamiento y la opacidad con la que sirvieron a sus respectivas entidades.

Este es el caso de Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Gabino Cué y Miguel Márquez, que a la par de exmandatarios como Guillermo Padrés y Rodrigo Medina, podrían enfrentar un juicio político por el endeudamiento exorbitante y las acusaciones de corrupción, desvíos de recursos federales y estatales, así como de enriquecimiento ilícito en su contra.

A ellos también se suman Mariano González Zarur, Rafael Moreno Valle, Egidio Torre Cantú, Mario López Valdez, Francisco Olvera Ruiz, Jorge Herrera Caldera, Miguel Alonso Reyes y Carlos Lozano de la Torre, quienes entregarán sus administraciones y deberán explicar los endeudamientos que se multiplicaron desde un 18.9% hasta el 1,015.7 por ciento.

En un clima de incertidumbre, hartazgo social y la tensión desbordada por otros conflictos como es el caso de los bloqueos magisteriales, la presencia del crimen organizado, las concesiones a empresas y los nexos con cárteles de la droga, estos próximos exmandatarios deberán resolver su situación frente a gobiernos de alternancia que durante la campaña prometieron llevarlos ante la justicia.

Otros se sumaron a esta lista aunque no entregarán el poder hasta 2018. Arturo Núñez Jiménez y Graco Ramírez se enfrentan a las irregularidades en sus administraciones e incluso al “linchamiento político” de organizaciones magisteriales y académicas que prometen encarcelarlos.

Sin embargo, con un Sistema Nacional Anticorrupción que no ha entrado en operaciones, la impunidad se resiente como un vicio que persiste en la historia de estados como Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Oaxaca, Guanajuato, Puebla, Sinaloa, Nuevo León, Sonora, Aguascalientes, Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Tabasco y Morelos, que han tenido exmandatarios acusados por corrupción que actualmente ocupan cargos diplomáticos y públicos sin haber sido enjuiciados.

Por el hecho de ser habitantes en su entidad, los ciudadanos de Quintana Roo tendrían que desembolsar 14 mil 946 pesos cada uno; los chihuahuenses, 12 mil 23 pesos por cabeza, mientras que cada veracruzano daría 5 mil 655 pesos para pagar la deuda de su entidad, esto de acuerdo con la densidad de población.

Veracruz, Quintana Roo, Sinaloa, Puebla, Aguascalientes y Tamaulipas disminuyeron el plazo de pago, pero la mayoría tienen vencimientos de entre 10 a casi 20 años, como es el caso de Chihuahua.

Los recursos públicos destinados a las entidades federativas y a los municipios son, de acuerdo con la Auditoría Superior a la Federación (ASF), tan deficientemente administrados que, en 2014, hubo al menos 77 mil 380 millones de pesos en los que se detectó algún tipo de irregularidad, en especial reflejada en una práctica específica: la simulación de reintegros.

La simulación de reintegros se da cuando un gobierno estatal regresa a la Secretaría de Hacienda determinada cantidad para solventar una observación relacionada con el manejo inadecuado de los recursos federales trasferidos a la entidad, pero después ese dinero es reingresado a las arcas estatales.

El gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez advirtió que no permitirá corruptelas en su administración y que se deberá sancionar a quien haya incurrido en esa práctica, tras la denuncia que interpuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su entidad.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, precisó que no prometió meter a la cárcel al exgobernador Rodrigo Medina.

El Gobernador subrayó que a Rodrigo Medina ya se le sigue un juicio, pero que no fue a prisión porque se estableció un nuevo sistema penal acusatorio.

Indicó que hasta el momento existen 117 averiguaciones previas contra funcionarios vinculados a Medina, quien ya libró las acusaciones de peculado y delitos patrimoniales por más de 3 mil 600 milones de pesos, aunque sí fue vinculado a proceso por la acusación de ejercicio indebido de funciones.

Pese a que libró las acusaciones, Ernesto Canales, titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, reiteró que se impugnará la decisión del juez, ya que aseguran que cuentan con suficiente evidencia para demostrar los actos de corrupción de Medina y sus allegados.

A menos de un mes de concluir su gestión como gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes destacó ayer que resulta fundamental saber escuchar las demandas de la gente, atenderlas y comunicar sus respuestas. Resaltó que en su experiencia no basta con ofrecer respuestas, sino ver qué se requiere; además, que la gente sienta de forma directa que sus planteamientos fueron escuchados y atendidos.

Sin embargo, la administración de Alonso registra un endeudamiento de más de 7 mil 609.4 millones de pesos, así como una compleja problemática relacionada con inseguridad y la presencia del crimen organizado, lo cual se reflejó en el periodo electoral con las acusaciones entre candidatos por sus supuestos nexos con diferentes organizaciones.

En medio de las acusaciones entre el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, el Mandatario estatal reiteró el pasado martes que se sentía respaldado por el presidente Enrique Peña Nieto y que esa era una de las razones por las que no pedía licencia al cargo.

El pasado jueves, Peña Nieto visitó la entidad y saltándose el protocolo fue recibido por los secretarios de Defensa Nacional y Marina y durante la ceremonia de graduación de cadetes navales, Duarte fue sentado con una relativa distancia del Presidente, situación que extrañó debido a que el Gobernador anfitrión siempre es sentado a su lado.

En el resto de las fotografías de la ceremonia y de la visita de Peña Nieto el Gobernador no aparece, lo que refleja un distanciamiento ante las investigaciones por irregularidades que ascienden en total a más de 18 mil millones de pesos.

La transición de gobierno que Roberto Borge lleva a cabo en Quintana Roo fue calificada como “violenta” por el equipo de transición del gobernador electo Carlos Joaquín, ya que aseguraron que pese a la crisis financiera y de credibilidad, al Mandatario se le acusa de encabezar acciones del crimen organizado.

La administración de Borge Angulo buscó “blindaje” con el nombramiento de magistrados y un fiscal anticorrupción emanado de su Gabinete, aunque el Gobierno federal desestimó sus decisiones.

Una de las denuncias de corrupción difundida en los últimos meses señala la existencia de una red de servidores públicos de su Administración dedicados a operar actos de despojo en las costas del estado.

con información de agencias y Zócalo

jcrh