Llama la atención la reciente santificación de José Sánchez del Río, el supuesto “Niño Santo”, la deidad más joven de México. Esta nueva farsa del clero católico mexicano debe inscribirse como una nueva estrategia mercadológica orientada a llenar aún más las ánforas clericales, esta vez utilizando a un pequeñito lamentablemente muerto en una nueva guerra fratricida financiada por la alta jerarquía católica con las limosnas pagadas por el pueblo de México. Es obvio que el “Santito” acaparará oraciones en el más allá para realizar milagros que se traducirán en ingresos millonarios, en dinero negro exento de todo tipo de impuestos municipales, estatales y federales.

El 14 de junio de 1926 el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Adiciones y Reformas al Código Penal, conocida como Ley Calles, mediante la cual se establecieron penas económicas y corporales a:

…sacerdotes que oficien, no siendo mexicanos, o que simplemente hagan proselitismo religioso… Queda prohibido a las corporaciones religiosas o ministros de culto que establezcan o dirijan escuelas de instrucción primaria… Quedan prohibidos los votos religiosos y las órdenes monásticas… Los conventos serán disueltos por las autoridades y “quienes vuelvan a reunirse en comunidad, serán castigados con uno o dos años de prisión y los superiores de la orden con seis años de cárcel”. El artículo 19… obliga a los sacerdotes a inscribirse con la autoridad civil de su jurisdicción y no podrán ejercer su ministerio al no cumplir con este requisito, además de ser sancionados, así como en cada Estado el Gobierno se encargará de fijar el número de sacerdotes que podrán oficiar, etc., etc.[1]

En 1925 el arzobispo de México, José Mora y del Río, convocó a una reunión al episcopado mexicano. Asunto único: “Diseñar una estrategia eclesiástica oponible a las agresiones sufridas por la Santa Madre Iglesia Católica… de parte del gobierno federal, encabezado por Calles.”

El clero se preparaba para dar al presidente otra muestra de su capacidad de organización política con la idea de hacerle saber el tamaño del enemigo al que se enfrentaba, así como el riesgo que volvería a correr la República si se atentaba en contra de los sagrados intereses de la iglesia católica. ¡Que no se perdiera de vista la Guerra de Reforma!

Esto obligó a los prelados a un nuevo cónclave llevado a cabo la primera semana de junio de 1926 en el que se acordó provocar un boicot comercial, acto seguido se cerrarían los templos (por órdenes por la jerarquía y de ninguna manera como un acto gubernamental: ¡otro mito funesto!) y después, si el gobierno persistía en su ateísmo, se le haría la guerra por la vía de las armas. Ésta estalló con un costo de 70,000 vidas humanas y otro severo daño a la economía nacional con tal que el clero no viera disminuidos sus privilegios ni su gigantesco patrimonio económico.

La reacción nunca duerme. Imposible olvidar que hace unos años los “maestros” bloquearon el zócalo capitalino, por lo que el cardenal Norberto Rivera expidió un decreto ofreciendo la indulgencia plenaria a quienes ingresaran a la catedral por la Puerta Santa… ¿Razones? El desplome de la recaudación ante las dificultades de acceder al máximo templo católico mexicano al estar ocupada la plaza…?

[1] Joaquín Cárdenas Noriega, Morrow, Calles y el PRI. Chiapas y las elecciones de 1994. Ed. PAC S.A de C.V., México, 1995, p. 39