Para que un juez dicte una orden de aprehensión en contra de algunos de los presupuestívoros, los políticos mexicanos que entienden el tesoro público como un botín, primero deben fugarse, para que de este modo se inicie el proceso judicial respectivo. ¿Ejemplos frescos? Los Duarte cumplieron con el requisito: primero se escaparon y, como consecuencia, se solicitó la privación de su libertad. Grandes ironías de la vida política mexicana.

Los delincuentes de cuello blanco que abundan en el poder ejecutivo, en el legislativo y en el judicial, deben estar tranquilos porque para que les persiga, primero deben huir, mientras radiquen en territorio nacional estarán a salvo, y quienes se han escapado, o sea, se equivocaron, de alguna manera, ya son medio presos. Me explico:

Quien se sabe perseguido por haber violado la ley, en la mayoría de los casos, ha perdido la paz. Imposible vivir tranquilo cuando las policías mexicanas y la Interpol empeñan sus mejores esfuerzos en localizar a los bribones en cualquier parte del mundo. Los defraudadores que cometieron el peculado se ven obligados a fugarse al extranjero, a esconderse en donde puedan, hasta en lugares apartados de la civilización, a guardar el botín en sospechosos fideicomisos en paraísos fiscales, a implantarse cabello, a pintárselo, a someterse a cirugías plásticas, a cambiarse las huellas digitales, en la medida de lo posible, a enflacar o a engordar, según sea el caso, y, desde luego, a obtener, por medio de la mafia nuevos pasaportes o documentos de identificación totalmente apócrifos. Debe ser un horror…

Por si lo anterior fuera insuficiente, tienen que buscar claves o fórmulas para comunicarse con sus seres queridos, de modo que las policías que tienen abiertas líneas de investigación no puedan dar con su paradero al localizar un correo electrónico, un depósito en una cuenta de cheques o por alguna indiscreción familiar en las redes sociales. Esconderse en nuestros días, con todas las tecnologías existentes al alcance de la autoridad, no es de ninguna manera, una tarea sencilla, basta con saber que las computadoras pueden identificar un timbre de voz entre miles de millones de personas, lo cual debe producir un justificado pánico entre quienes se dieron a la fuga.

¿De qué sirve haber hurtado cientos de millones de dólares a un pueblo, en donde la mayoría se encuentra sepultada en la pobreza, si no pueden disfrutar públicamente sus fortunas mal habidas?

Fugarse es fácil, esconderse, debe restar encanto al patrimonio robado. Los herederos, sus cómplices, serán en última instancia los beneficiarios del robo a la nación.

No es fácil imaginar el infierno, parte del costo, en el que viven estos pillos que pueden ser localizados, como ocurrió en el caso de Yarrington, por una indiscreción familiar o porque algún aparato identifica la voz a través de un teléfono celular o porque un vecino denuncia la presencia de un extraño o porque alguien quiera cobrar la recompensa ofrecida por la procuraduría, a cambio de aportar datos verídicos del paradero del presupuestívoro.

¿No les dará vergüenza, ante los suyos, el hecho de saberse perseguidos por todas la policías de todo el mundo? Por más cínicos que sean, la posibilidad de ser atrapados debe anular el supuesto placer del dinero sustraído ilícitamente a la nación.

Otro si digo: soy novelista y, por lo mismo, no puedo prescindir de las fantasías, en este caso persecutorias…

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