¿De qué le sirve a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), haber detectado irregularidades en varios estados de la República por 65 mil millones de pesos, una auténtica burrada, en el presupuesto público de 2015, si una vez denunciados los hechos, los expedientes son archivados por las respectivas autoridades que solamente, en ciertos insignificantes, inician una investigación de la que, tal vez, se desprenden consecuencias penales para los acusados?
Existen las evidencias de los manejos fraudulentos por parte de diferentes entidades federativas, como la falta de documentación comprobatoria, transferencias a cuentas bancarias desconocidas o cifras multimillonarias ejercidas sin licitación alguna, según disponen las leyes de la materia.
¿De qué sirve que Juan Manuel Portal, un gigante, y su equipo de trabajo, detecten que en la gestión financiera del Senado no se comprobó el destino de más de 1,200 millones de pesos para asignaciones de los grupos parlamentarios, si en ese ostentoso palacio legislativo, también archivan las acusaciones de malversación de fondos? ¿Cuál justicia? ¿La Patria es Primero? ¡Ja!
La propia ASF reveló, en días pasados, irregularidades por otros 165 mil millones de pesos correspondientes al Gobierno Federal, a los poderes de la unión, órganos autónomos, estados y municipios, de acuerdo a la cuenta pública de 2015. ¿Sabe el respetado lector cuándo se van a aclarar estas malversaciones y, sobretodo, cuándo vamos a conocer la identidad de los culpables defraudadores del erario? Apresúrome a contestar: ¡Nunca!
La propia ASF presentó un total histórico de 741 denuncias que jamás tendrán consecuencia alguna, porque los responsables nunca son llamados a cuentas ni se les impone castigo alguno porque son integrantes de las pandillas gobernantes que se protegen entre sí.
Existen asuntos pendientes de aclarar, según la ASF: la contratación de empresas para la modernización en el proceso de expedición de pasaportes por casi 1,500 millones de pesos, objetivo que nunca ocurrió ni se alcanzó durante la gestión de José Antonio Meade en Relaciones Exteriores. La Cámara de Diputados gastó 1,700 millones de pesos en subvenciones extraordinarias que jamás se aclararon.
El gobierno de la Ciudad de México no justificó el gasto ni acreditó retenciones por 890 millones de pesos. En Pemex se pagaron 1,200 millones de pesos a la famosa empresa Odebrecht destinados supuestamente a la Refinería de Tula, etc… etc… Y, para no cansar al amable lector, el gobierno de Puebla a cargo de Rafael Moreno Valle, usó más de 161 millones de pesos para obras que nunca se concluyeron o que no resultaron funcionales, para ya ni hablar del monstruoso endeudamiento de ese Estado por parte del hoy precandidato a la Presidencia de la República.
La propuesta concreta se sustenta en la necesidad que la Auditoria Superior de la Federación se convierta en una dependencia autónoma que cuente no solo con facultades para investigar, sino también para sancionar a los funcionarios venales, de modo que las acusaciones no se archiven en las dependencias burocráticas. Juan Manuel Portal debería convertirse en el Zar anticorrupción, por lo menos el inspector y verdugo, todo junto, que vigile la administración y el destino correcto de los fondos públicos.
Una Auditoria Superior de la Federación sin dientes es absolutamente inútil en el contexto de un gobierno podrido.
