CIUDAD DE MÉXICO,-  Un total de dos mil 443 servidores públicos vinculados en delitos de desaparición forzada desde 2015 y todos están impunes; cuando las personas desaparecen masivamente es el Estado mexicano el responsable porque no ha dotado de las condiciones materiales que eviten las muertes y las desapariciones forzadas.

En México se vive una violencia institucionalizada; la muerte y desaparición de hombres y mujeres ha alcanzado niveles extremos, en un contexto donde se han roto los principios de una sana convivencia social, ya que no es sólo un problema de delincuencia sino de violencia institucionalizada.

La diputada de Morena, Araceli Damián González, en el marco del Foro “Las continuas violaciones a los Derechos Humanos en México: De la Guerra Sucia a Ayotzinapa”, dijo lo anterior y aseguró que la desaparición de personas es una violación que no parece conmover al gobierno ni a las elites que siguen acumulando riqueza, debido a que el deterioro del país es el resultado de la violencia implementada por el gobierno, que ha mantenido el desempleo, la inestabilidad laboral y el hambre a los trabajadores para sus familias.

Añadió que la violación de los derechos humanos en el país, incluyendo la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, vienen desde el inicio de régimen autoritario que se implanta después de la revolución, pero que se agudiza en momentos como en el periodo de la Guerra Sucia.

Damián González lamentó que el país ha sido el laboratorio de reformas económicas más radicales impuestas por organismos internacionales, en donde los cambios de política se traducen en una sumisión del gobierno a los interese de empresas transnacionales y organismos financieros.

“La violencia institucionalizada se ha convertido en el signo más preocupante de supuesto proyecto modernizador iniciado en el sexenio de Miguel de la Madrid ; México vive en un marasmo económico que se combina con el deterioro de los salarios, falta de empleo y el aumento en un solo sector de la riqueza”, detalló.

Aseveró que la cercanía con la unión americana, que es principal consumidor de drogas en el mundo y la negativa para legalizar el consumo, han provocado que el país se convierta en un campo de batalla.

Del mismo modo, el diputado Juan Romero Tenorio, enfatizó que la desaparición forzada en México no es tema prioritario para el Gobierno Federal, ya que toda cuestión de desaparición se vincula con la criminalización, con la delincuencia y así se justifica el Estado.

“Todo acto se vincula con la delincuencia y se justifica al Estado en casos de gran envergadura como desaparecer a miles de personas en una llamada guerra contra las drogas, en una llamada estrategia de seguridad, en la cual el estado es omiso”, subrayó.
Comentó que una de las finalidades del foro es generar el espacio para alzar la voz y difundir los hechos, así como emprender acciones colectivas para buscar la verdad y saber dónde están los familiares desaparecidos.

Por su parte, el Gral. José Francisco Gallardo, en su intervención manifestó que todas las acciones realizadas por el gobierno tienen por objeto encubrir al Ejército, porque es el único soporte que tiene el poder político en humanos, por lo que es necesario establecer una real división de poderes, devolver al Ejército mexicano a los cuarteles y que el Congreso cumpla con sus funciones constitucionales para el bienestar de la mayoría de los mexicanos.

“Que la Suprema Corte cumpla con sus funciones y el Ejército se dedique a las funciones de defensa nacional y que deje a la sociedad haga un debate político y civil sin entrometerse”, concluyó.

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