CIUDAD DE MÉXICO,-  Juan Ernesto Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, impartió una conferencia magistral sobre derechos humanos y tortura en América Latina en las instalaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México, para celebrar los diez años de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de esta institución.

Esta maestría de la Flacso México , que se realiza en una modalidad semipresencial, ha egresado a más de 300 especialistas de diez países de América Latina y el Caribe, entre los que se encuentran destacados defensores (as) de derechos humanos, así como funcionarios (as) judiciales y públicos.

En su participación, comentó que hay genuina relación que existe entre ambos pues la democracia debe entenderse como “un ejercicio cotidiano, al igual que la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de asociación”.

Expuso que “lamentablemente, muchas veces identificamos la democracia con la posibilidad de elegir y nada más, pero relacionar la democracia con derechos humanos nos permite hablar de la calidad de la democracia que vivimos.”

Méndez llamó la atención sobre la representación que se hace en muchos casos de la tortura, influida por ideas y prácticas sociales que nos condicionan a aceptar la tortura y el maltrato como inevitables o necesarios “aunque moralmente los condenemos”, afirmó.

Es un fenómeno mundial donde “el gran error es que la cultura popular, el cine y la televisión, nos llevan a entender la tortura de una manera completamente distorsionada”.

El Relator resaltó que en América Latina hay un grave retroceso con políticas represivas: “se puede demostrar una relación entre la política de mano dura, y la impunidad; la tortura y la ejecución extrajudicial. (Esta política) termina por corromper a los cuerpos judiciales, generando ciclos por los cuales la criminalidad se hace cada vez más grave”.

Otro peligro para los derechos humanos en América Latina son los nuevos “golpes de Estado institucionales”, como ha sucedido en Honduras, Paraguay y, este año, en Brasil, comentó el abogado y activista.

Dijo que estos actos afectan y debilitan también a los organismos defensores de los derechos humanos, y que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos están en una situación delicada, especialmente este año, con una fragilidad financiera que en el fondo es una fragilidad política”.

Juan Méndez expresó su preocupación por el uso del término “guerra” en la llamadaGuerra contra las Drogas’, ya que cuando se usan imágenes de guerra para combatir el delito, “estamos confundiendo la función del Estado, -en la protección de la ciudadanía y en la investigación y sanción de los delitos-, con las facultades que tienen las fuerzas armadas en situaciones de guerra”. Sobre esta premisa insistió que, en muchos países avanzados, está siendo una práctica frecuente militarizar a la policía y emplear armamento de guerra para reprimir manifestaciones.

Conforme lo explicó el Relator, este hecho es muy peligroso para la relación entre la democracia y el Estado de Derecho, porque “si borramos la diferencia que hay entre lo que puede hacer un oficial o un militar en combate y lo que puede hacer un policía en la preservación del orden público, terminamos confundiendo la necesidad de arrestar primero y usar la fuerza después”.

Sobre este punto indicó que América Latina también tiene “ventajas comparativas en perspectiva para el futuro”, como ser una zona libre de pena de muerte y que, es una región que se acerca a estar libre del conflicto armado, destacando el reciente acuerdo de paz en Colombia.

Juan Méndez calificó los debates en México sobre la tortura como algo positivo, en la medida en que son un ejercicio de la democracia. Estas discusiones “llevan a las instituciones, las judicaturas, el poder legislativo y, en algunos casos, también el poder ejecutivo, a que respondan a la inquietud de la población para incidir sobre la persistencia de la tortura en México”.

Igualmente, se refirió al relevante trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que analizó la conducta de las instituciones en México con respecto a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Mencionó que “ la Comisión Interamericana en acuerdo con el gobierno de México, designó a este grupo que hizo un trabajo verdaderamente ejemplar. Me enteré hoy con mucha satisfacción, que además hay un mecanismo de seguimiento de los dos informes del Grupo”.

En la sesión de preguntas y respuestas abundó sobre su afirmación relativa a que la tortura es generalizada en el país. Comentó que en su más reciente visita oficial a México recibió testimonios de tortura realizados por las fuerzas de policía de los tres niveles de gobierno, incluida la Marina y el Ejército. “En los testimonios que yo escuché el procedimiento era muy similar: eran las primeras horas, veinticuatro, cuarenta y ocho horas; eran lugares clandestinos, a veces también en lugares no clandestinos, y terminaba cuando la persona era puesta a disposición de un juez», explicó.

Para concluir, Juan Méndez recordó que la tortura es un crimen internacional que se considera de lesa humanidad cuando es sistemático y generalizado contra la población civil.
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