CIUDAD DE MÉXICO.- Educación, un trabajo digno, así como la propiedad de las tierras y aguas nacionales son parte de algunas de las garantías más importantes para el desarrollo individual y de la Nación figuran en los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución Mexicana,

La Constitución de 1917, aseguró el investigador John M. Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue la primera en el mundo en codificar la obligación del Estado de tutelar derechos sociales básicos como la educación, la tierra, el trabajo y la salud.

Al descartar que se necesite una nueva, subrayó que los principios revolucionarios y de transformación social que conforman el eje vertebral de la Carta Magna siguen vigentes.

A 100 años de distancia, esos tres artículos en conjunto han tenido unas 56 modificaciones. Las reformas estructurales en materias educativa y energética, propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, son las que han derivado en los cambios más recientes.

Elevar la productividad, fortalecer y ampliar los derechos, así como afianzar el régimen democrático y de libertades son los tres objetivos que planteó el gobierno federal para impulsar el desarrollo de México.

El Artículo 3 constitucional establece el derecho a la educación, que es obligatoria para los niveles básico -conformado por preescolar, primaria, secundaria-, y medio superior.

Con el decreto publicado en 2013, uno de los cambios importantes a dicho artículo fue para garantizar la calidad en la educación.

Así, ese criterio, la calidad, será el que oriente a la educación, “con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”, se lee en la norma.

Además, permite que se tomen en cuenta a los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia para determinar los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.

De igual manera, se determinó llevar a cabo concursos de oposición para el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos de dirección o supervisión en los niveles básico o medio superior, para lo cual se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, cuya coordinación estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En tanto que, el Artículo 27 constitucional otorga a la Nación la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, pero también aborda temas como expropiaciones, aprovechamiento de recursos, equilibrio ecológico, entre otros.

Sin embargo, la modificación más reciente se dio con el fin de generar un nuevo modelo de mercados en el sector energético.

La reforma de 2013 en la materia, permite actividades de exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos “mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares”.

Es decir, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares, con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación.

Además, tuvo modificaciones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones que permiten la inversión extranjera, para garantizar una competencia efectiva en ese sector, y se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Entre otros beneficios en esa materia, se amplían derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, y se reconoce el derecho de las audiencias a recibir contenido plural.

En tanto, el Artículo 123 establece el derecho de toda persona “al trabajo digno y socialmente útil”, y mandata que “se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”. Al respecto, el investigador John M. Ackerman consideró que la situación de miles de desempleados y subempleados, o quienes trabajan de manera informal, representan un agravio al Estado de derecho.

Ante el reto de incrementar la oferta laboral, la administración federal impulsó también una reforma en la materia, que hasta el momento sigue pendiente en los congresos estatales.

Mientras algunos juristas, investigadores, constitucionalistas e historiadores están a favor de que se realicen los cambios necesarios a la Constitución, otros consideran que ha tenido un exceso.

En ese sentido, Ackerman opinó que se requieren vías, no reformas, para hacer valer los derechos que se tienen conforme a la ley, y además que el pueblo exija su cumplimiento a las autoridades.