CIUDAD DE MÉXICO,-  En los últimos cuatro años se presupuestaron más de 246 mil millones de pesos a las dos dependencias facultadas para hacer respetar los derechos humanos en México y, sin embargo, no hay avances relevantes. La diputada Cristina Gaytán Hernández, integrante de las Comisiones de Derechos Humanos y Defensa de la Cámara de Diputados, respaldada por sus compañeros Julio Saldaña Morán, Omar Ortega Álvarez y Fernando Rubio Quiroz, denunciaron lo anterior.

Indicaron que es todo lo contrario, a decir de organismos nacionales e internacionales, incluida la ONU, en el país hay una crisis estructural en la materia que urge atender con efectividad. Los legisladores demandaron a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informen por qué resultados tan insuficientes y qué han hecho con tanto dinero.

Propusieron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con base en sus facultades, que también solicite cuentas a ambas instituciones, en particular para que precisen cuáles objetivos cumplieron y cuántos recursos destinaron a cada uno.

Ante la sospecha de que carecen incluso de información objetiva que les sirva de base para actuar y la evidencia recurrente sobre la complicidad de autoridades en agresiones de diversa índole a los ciudadanos, también plantearon que expongan cuántos desaparecidos, extraviados y secuestrados tienen registrados, en cuántos de los casos tuvieron conocimiento o participaron agentes del Estado Mexicano y cuántas sentencias condenatorias ha habido contra los responsables.

Finalmente los legisladores perredistas les reclamaron que al menos tengan un registro de personas encontradas en fosas, cementerios o cualquier otro lugar clandestino que no hayan sido identificadas por su ADN a fin de crear una base de datos que permita su consulta por quienes buscan a familiares desaparecidos.

Gaytán, Saldaña, Ortega y Rubio señalaron que si bien el gobierno reconoce 26 mil 580 desaparecidos y extraviados -perpetrados por delincuentes, muchos en complicidad con autoridades-, lo cierto es que hay una gran impunidad para los responsables y además una re-victimización hacia familiares de desaparecidos.

Por ejemplo, de acuerdo con la Cuenta Pública de 2015, la CNDH registró ese año 356 mil 931 atenciones y recibió 48 mil 177 escritos de quejas, resultado de lo cual únicamente emitió 59 Recomendaciones, de las que al momento sólo una ha sido aceptada con pruebas de cumplimiento total.

La Recomendación es la solicitud más enérgica de la CNDH a la autoridad correspondiente para que brinde la adecuada atención a una víctima de tal manera que se le repare el daño. Es decir, por lo menos en los números referidos no se aprecian avances reales, lo que pone en duda la efectividad y hasta la representación del organismo como defensor de la población ante actos de la autoridad que la vulneran.

Según Informe de Logros, la dependencia ha cumplido sus objetivos planteados en abril de 2014, por lo que no se entiende por qué hay tantas denuncias y quejas.

La magnitud de esta problemática ha sido considerada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en cuya 32 sesión ordinaria más de 47 organizaciones nacionales y de otros países pidieron su intervención para atender la grave crisis estructural en esta materia prevaleciente en México.

Ejemplo de ello –dijeron esas organizaciones- es el asesinato de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la desaparición de otros 43 en septiembre de 2014, así como los asesinatos de periodistas, defensores de Derechos Humanos, mujeres, niñas, niños, adolescentes y otras personas, la gran mayoría en pobreza, migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, indígenas o integrantes de la diversidad sexual.

También ha alertado sobre esta situación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la cual hay una “grave crisis” en cuanto a Derechos Humanos en México, caracterizada por extrema inseguridad y violencia, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, impunidad y atención inadecuada e insuficiente a víctimas y familiares, así como abierta agresión a éstos. También ejemplifica con el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

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