CIUDAD DE MÉXICO.- El informe anual de Human Rights Watch establece que en la administración de Peña Nieto -hasta ahora- se han acumulado dos mil quejas y desde 2006 miembros de las fuerzas armadas han sido señaladas de participar en desapariciones forzadas y otros abusos, suman 10 mil denuncias.
La CNDH acusa el recibo de casi 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército, en la investigación se advierte que hubo más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
El documento establece que México se ha servido de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, pero en este punto se les «pasó la mano». Durante el gobierno de Peña Nieto han estado implicados en violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
“El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la guerra contra el narcotráfico en México”, indicó.
En 2014, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que en México “sigue produciéndose un número alarmante” de ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad “sistemática y endémica”.
En agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que policías federales habían ejecutado arbitrariamente a 22 de 42 civiles que murieron en un enfrentamiento en 2015 en Tanhuato, estado de Michoacán.
De acuerdo con el informe, los policías mataron a 13 personas con disparos por la espalda, torturaron a dos detenidos y quemaron vivo a un hombre, y luego, para justificar las muertes, manipularon el lugar de los hechos corriendo cuerpos y colocándoles armas para incriminar a estas personas.
Desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada. En agosto de 2016, el gobierno informó que aún se desconocía el paradero de más de 27 mil personas reportadas como extraviadas desde 2006.
El gobierno federal ha impulsado dos iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce, pero estas han tenido resultados limitados y creó una unidad dedicada a la investigación de desapariciones, en 2015 se convirtió en una Fiscalía Especial.
En abril, los responsables de la fiscalía informaron que presentaron cargos en cuatro de 830 de desapariciones que comenzaron a investigar.
En 2015, el Congreso aprobó una reforma constitucional que lo habilita a sancionar leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura, mediante las cuales se establecería una definición única a nivel nacional para cada uno de los delitos y se facilitaría su juzgamiento en todo el país.
Con relación a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, solamente uno fue identificado entre los restos que el gobierno afirma que pertenecen a los estudiantes. Y aunque hay más de 100 personas imputadas por su presunta participación en los secuestros y asesinatos, ninguna ha sido condenada.
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