Fueron aprobadas las reformas en materia de delitos electorales para luchar contra la violencia política de género, de esta manera se busca garantizar los derechos políticos de las mujeres.

La Cámara de Diputados aprobó reformas y adiciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales en materia de violencia política y electoral. Esto, con la finalidad de sancionar con cárcel a quien limite o viole los derechos de mujeres en estos aspectos.

La presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, María del Pilar Ortega Martínez, destacó la importancia de que la violencia política contra las mujeres sea un delito electoral. Estas modificaciones buscarán erradicar jerarquías masculinas, que provocan una especie de minusvalía femenina y la marginación en este ámbito.

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Detalló que en la elección de 2018 se perpetraron al menos 237 agresiones contra mujeres que ejercían actividad política. Lamentablemente, 27 de esos casos culminaron en feminicidios.

Indicó que hasta ahora, las medidas para paliar este tipo de violencia no han sido suficientes. Por ello, es necesario que el Estado garantice a las féminas el libre acceso a la política sin cortapisas ni violencia.

Por otra parte, María Lucero Saldaña (PRI), resaltó que con esta reforma se cumple con la lucha del sector femenino y favorece a la democracia.

Aseguró que México se encuentra entre los 20 países que más se violenta a las mujeres, y es el Estado quien debe garantizar una vida libre de vulneraciones.

Aprueban cárcel por violencia política

La minuta aprobada, que fue turnada al Senado de la República, establece que la violencia política de género se considerará un delito electoral.

De esta manera, se definieron las sanciones. Estas podrían ser: multas de 100 a 400 UMAs y prisión de uno a tres años. Ahora, quien menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres irá a la cárcel.

Asimismo, se castigará con prisión de seis meses a tres años a quien emita propaganda política o electoral con elementos denigrantes contra una precandidata, candidata o de una mujer que ocupe un cargo público.

La sanción se extiende para quienes atenten de igual forma contra algún tercero con quien la mujer en cuestión guarde relación familiar, vida en común o lazos afectivos.