CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con las sentencias del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales y después por la del Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas, y que son inapelables, la SEIDO no acreditó el ocultamiento de las víctimas, uno de los tres requisitos básicos para configurar la desaparición forzada.

De esta forma, la justicia federal rechazó que los 43 normalistas de Ayotzinapa hayan sido víctimas de desaparición forzada, porque los indicios apuntan a que están muertos y no a que fueron “ocultados” por el Gobierno.

Es así que según los  fallos las tres condiciones son indivisibles y a falta de una de ellas no se acredita el delito. Los tribunales ya no analizaron la existencia de los otros requisitos: la negativa de los acusados a dar información fidedigna sobre el paradero de las víctimas, y que los civiles involucrados aprovechen el apoyo de funcionarios.

Los indicios de la PGR apuntan a que los estudiantes fueron víctimas de una ejecución sumaria, es decir, que fueron asesinados en un periodo breve de tiempo.

“La naturaleza jurídica (del delito de desaparición forzada) es distinta a la de otras figuras delictivas atentatorias contra la libertad personal, pues penaliza las acciones represivas de índole gubernamental en contra de la sociedad civil, que se traducen no sólo en la privación de la libertad de uno o varios individuos, sino predominantemente en su ocultamiento bajo detención”, refiere la sentencia.

“Las constancias procesales apuntan en forma coincidente a que las víctimas no fueron mantenidas en el ocultamiento; muy al contrario, fueron detenidas, privadas de la libertad y trasladadas al lugar donde fueron ejecutadas sumariamente”, establece la sentencia.

Los jueces también argumentaron que la desaparición forzada, por tener una finalidad “represiva”, implica una privación de la libertad extensa y en este caso eso tampoco ocurre, pues las constancias indican que los estudiantes muy probablemente fueron asesinados horas después de su detención.

Ambas instancias judiciales rechazaron girar las capturas por desaparición forzada en contra de 56 acusados, entre ellos el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, así como policías municipales de Iguala y Cocula.

jcrh