MÉXICO.- Javier Duarte y su escándalo de corrupción, de acuerdo con expertos, podría llegar a tener un elevado costo político para las aspiraciones electorales de 2017 y de 2018, del Partido de la Revolución Institucional (PRI).

La aparente posesión de una amplia lista de casas y fincas en México y otros dos países, compradas a través de testaferros con recursos públicos desviados, colocó en el último mes  en el ojo del huracán de la opinión pública al hombre que desde 2010 gobernó Veracruz, en el este de México, y al partido del que era miembro.

“Con un sueldo que no llega a los 250 mil pesos no alcanza para tener ese tipo de propiedades. Es inexplicable la riqueza de este hombre y de su grupo cercano”, dijo el politólogo y profesor de la Universidad Iberoamericana, Genaro Lozano.

Por su parte, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, afirmó que el caso tendrá un “costo alto” para la imagen del PRI y del presidente Enrique Peña Nieto de cara a la elección a Gobernador en el central Estado de México, en junio del próximo año.

Tradicionalmente, Veracruz con un total de 16 millones de habitantes, es considerado como un bastión para el PRI y uno de los principales indicadores del pulso de la política en el país, especialmente en lo tocante a elecciones presidenciales.

No es un secreto, que durante la administración de Duarte, el crimen organizado recrudeció la violencia en Veracruz a través de cotidianos asesinatos, secuestros y extorsiones. Como ejemplo, la tasa del delito de secuestro subió de 17 casos a 60 durante el primer año de gobierno de Duarte y para 2014 llegó a un pico de 144 plagios, aunque ha tendido a la baja desde entonces, muestran cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Recordemos que la semana pasada, el PRI, expulsó de sus filas a Javier Duarte, sin embargo y en honor a la realidad, la medida parece corta para lavar su imagen antes de los comicios, refirió Ernesto Villanueva.

Un juez federal concedió a los fiscales una orden para aprehenderlo, pero el político se volvió ilocalizable después del 12 de octubre, cuando pidió al Congreso estatal licencia para separarse del cargo a falta de 48 días del fin de su gobierno ante la pesquisa de la PGR.

En la audiencia, realizada el 23 de octubre en contra de las únicas dos cómplices capturadas hasta ahora, un testaferro de Duarte convertido en testigo clave de la PGR dijo que sabía de la compra de casas, fincas, departamentos y predios en ciudades de México, Estados Unidos y España, según el reporte de medios locales.

Las sospechas apuntan a que los recursos salieron de los dos ministerios estatales mediante depósitos a empresas fantasma que después triangularon el dinero a otras nueve firmas para la adquisición de propiedades, todas a nombres de testaferros.

con información de la UNAM, agencias y Vanguardia

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