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El fracking pone en peligro a Puebla

El fracking pone en peligro a Puebla

PUEBLA, PUEBLA.- La llamada fracturación hidráulica, método por medio del cual se extrae el llamado gas de esquisto o shale, una alternativa al petróleo, de acuerdo con científicos es causante de severos problemas a la salud como al medio ambiente.

Una investigación presentada hace dos meses, alertaba que al menos 35 municipios de la Sierra Norte de Puebla se encuentran en riesgo por la perforación de aproximadamente 233 pozos mediante la técnica de fracking para la extracción de gas.

Según el trabajo titulado “La fracturación hidráulica en la Sierra Norte de Puebla: una amenaza real para las comunidades”, distintas organizaciones de la sociedad civil y de pueblos nativos de la región denunciaron que el Gobierno planea intensificar esta actividad en los próximos cinco años a través de asignaciones a Petróleos Mexicanos (Pemex) y contratos a empresas privadas derivados de la Reforma Energética.



Estas acciones ponen el riesgo a los pueblos totonaco, nahua, otomí y tepehua.

El documento alerta que la región está en la provincia petrolera Tampico-Misantla, la segunda del país en prioridad para explotar hidrocarburos en yacimientos de lutitas (no convencionales) a través de fracturación hidráulica.

“Pemex calcula que esta provincia cuenta con la mayor cantidad de recursos prospectivos de petróleo y gas húmedo en este tipo de yacimientos, con 57.8 por ciento del total nacional. Por lo que el Estado planea intensificar la actividad exploratoria en los próximos años para determinar las reservas realmente existentes, lo que ya implica el uso de la fracturación hidráulica y, consecuentemente, la generación de impactos negativos y daños irreparables a las poblaciones indígena y campesina de la región”, detalló el documento.

De acuerdo con el análisis, en 2013 existían ya al menos 233 pozos en los que ya se utilizaba la técnica en los municipios de Francisco Z Mena, Venustiano Carranza y Pantepec, con 121, 98 y 14 pozos respectivamente. Dichos datos se obtuvieron a través de solicitudes de transparencia, ante la falta de información por parte del Gobierno a las comunidades afectadas.



jcrh