MÉXICO.- La decisión de incorporar a Ejército y Marina a labores de las autoridades civiles para recuperar territorios perdidos ante la delincuencia organizada, ha resultado infructuosa. Allí están los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los de las diversas ONG, así como las denuncias de decenas de miles de familias por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El desgaste físico y la pérdida de prestigio social de las Fuerzas Armadas es otra de las consecuencias negativas de esa errónea decisión de Felipe Calderón, que he encontrado continuidad bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. La responsabilidad no es de los militares, sino de las administraciones que los han tenido en esa situación de la que todo mundo reconoce deben salir.
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio, pidió a la Cámara de Diputados aprobar una Ley de Seguridad Interior que tenga como premisa el no otorgar facultades de policía a las Fuerzas Armadas, ni mucho menos el militarizar al país o reprimir movilizaciones sociales. La meta es definir que soldados, marinos y policías federales puedan actuar “de manera excepcional y temporal ante cualquier amenaza de seguridad interior”.
Bajo estas premisas, el funcionario presentó a los legisladores, lo que a consideración del Gobierno federal deben ser los temas centrales de esta legislación: definir claramente la función de seguridad interior y los supuestos bajo los cuales procederán acciones para garantizarla. Y también definir los mecanismos de protección de la seguridad interior, ámbitos de competencia, responsabilidades y esquemas de colaboración de las instituciones del Estado.
También es menester el incorporar medidas para que las acciones se realicen con estricto apego al orden constitucional, al principio de legalidad y con absoluto respecto a los derechos humanos.
El problema, es que agrupaciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha denunciado que las fuerzas de seguridad mexicanas, utilizan en forme recurrente la tortura y los malos tratos, incluyendo violaciones, asfixia y descargas eléctricas, según denunció este jueves el relator especial de Naciones Unidas contra la tortura, el suizo Nils Melzer.
También constata la existencia en México de “una situación de inseguridad e impunidad” y sostiene que “la lucha contra la delincuencia organizada ha incrementado la tortura y los malos tratos”.
Por tal motivo, la ONU solicita s a México que, en la Ley de Seguridad Interior, no haya “excepciones a la regla de exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura”. También exhorta a que “los casos de violaciones de los derechos humanos sean de competencia civil aunque sean cometidos por militares contra militares”.
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