CIUDAD DE MÉXICO,-  Es manifiesto la falta de compromiso del Congreso como de algunos estados para cumplir con la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal advierte Miguel Ángel Carbonell Sánchez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Al subrayar que el 18 de junio “llega la hora cero” para la entrada en vigor de este nuevo modelo, el especialista en Derecho indicó que “no hace falta esperar hasta entonces para saber que algunas autoridades nos quedaron a deber”.

Durante la inauguración del Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia. “La justicia que merecemos: de la implementación a la consolidación”, dijo que para esa fecha “sabremos si todos los actores estuvieron a la altura del enorme desafío que supone de dotarnos de un procedimiento penal más transparente y más justo”.

Señaló que por ejemplo que “el Poder Legislativo federal prefirió faltar a su compromiso de tener las principales leyes del Nuevo Sistema de Justicia Penal aprobadas a tiempo”, pero insistió que no se trata de aprobar la normatividad “al vapor, sobre las rodillas”, apenas unas horas antes de que venza el plazo.

“Simplemente no les dio la gana (a los legisladores) aprobar con suficiente antelación leyes tan importantes, como la que habrá de regir todo el procedimiento para adolescentes en conflicto con la ley penal, la que regirá la ejecución de las sanciones o las indispensables al marco jurídico de la lucha del Estado Mexicano contra la delincuencia organizada”, expuso.

Durante el acto que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto y al que convocó una organización civil, el investigador confió en que el Congreso de la Unión pueda solucionar dichas omisiones durante su próximo periodo extraordinario de sesiones.

De igual manera lamentó el desempeño de algunas entidades federativas para la aplicación de esta reforma y subrayó que la mayor responsabilidad recae en los estados, pues 92 por ciento de los asuntos penales del país son de su competencia.

Carbonell Sánchez agregó que solamente dos por ciento corresponden a conductas de adolescentes en conflicto con la ley penal y seis por ciento son competencia del fuero federal. “Hemos visto gobiernos locales muy comprometidos con la reforma penal, otros que han cumplido a duras penas y otros más que simplemente han preferido dejar que el tiempo pase sin hacer nada, para heredar a sus sucesores el problema”, afirmó.

Entre estos señaló “el enorme rezago y la falta de compromiso que se observa en estados como Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala”.

Miguel Carbonell felicitó, en cambio, a estados como Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Yucatán, que han hecho un buen trabajo en la puesta en marcha de esta reforma penal.

Detalló que 39 por ciento de los casos en Chihuahua fueron desahogados por métodos alternativos “gracias al buen trabajo de implementación realizado, pero solamente 0.51 por ciento fueron resueltos por la justicia alternativa en Sonora, como sabemos, el estado más rezagado en el tema”.

Continuó que mientras que en Chihuahua hay 18.8 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, en Sonora hay apenas 2.9, cuando el promedio nacional es de 10, siendo más alto en estados en los que la reforma penal ya funciona, como Yucatán, con 16; Chiapas, con 14, así como Morelos y Durango, con 12.

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