MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Un juez mexicano ordenó el embargo de bienes del exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina y de algunos de sus funcionarios como parte de una investigación por presuntos delitos de corrupción en el periodo 2009-2015, a dos días de las elecciones locales en las que están en juego los gobiernos de 12 estados.
Medina gobernó por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto.
El subprocurador de Nuevo León, Ernesto Canales, dijo el viernes que la medida precautoria busca que 11 ex funcionarios de la pasada administración, incluido Medina, respondan a una serie de denuncias por delito patrimonial, peculado y ejercicio indebido de funciones.
«Los servidores públicos (….) evitaron el cumplimiento de la ley, adquirieron inmuebles en forma dirigida, realizaron obras de beneficio privado, pagaron sobreprecios, obras no realizadas, realizaron obras sin licitación» e hicieron uso de información privilegiada, dijo Aldo Fasci, asesor del fiscal.
El embargo tiene como objetivo que los acusados garanticen un daño patrimonial de 3,600 millones de pesos (unos 194 millones de dólares), detalló Fasci.
Medina, citado por el periódico Reforma, dijo que es inocente y que la intención del actual gobierno estatal es provocar un escándalo antes de las elecciones.
«Estamos sin duda en presencia de una persecución política, lo que se confirma con la conferencia de prensa de hoy, que se llevó a cabo casualmente en las vísperas de un proceso electoral de gran importancia para el país», señaló.
El fiscal dijo que uno de los casos, del que derivaron los embargos, está relacionado con la instalación de una armadora coreana, sin mencionar el nombre.
La coreana Kia Motors, que comenzó a operar el mes pasado en Nuevo León, está renegociando el convenio de incentivos comprometidos por el anterior gobierno del estado, debido a que la actual administración estatal afirma que viola leyes locales.
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el primer independiente en ganar el gobierno de un estado, prometió antes de asumir su cargo que investigaría a Medina.
La fiscalía investiga 47 casos que le fueron turnados por la Contraloría del Estado, en los que se advierte presunta responsabilidad en delitos penales, y tiene dos meses para presentar ante el juez los casos relacionados con los embargos.
Fasci dijo que entre los denunciados está el ex gobernador, nueve de sus funcionarios de primer nivel, cinco de segundo y tercer nivel, dos alcaldes en funciones, dos diputados federales y 10 empresarios de la industria de la construcción, así como dos funcionarios bancarios.
«No se trata de una campaña contra un grupo de funcionarios, (….) Nos esforzamos (por) que no seamos instrumento de una campaña política, menos partidista, de ahí el significado de los diferentes casos que estamos presentando que son de varios partidos», agregó Canales, citado en un comunicado.
La fiscalía dijo que también procederá en contra de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, del Partido Acción Nacional, por ejercicio indebido de funciones al asignar de manera directa contratos de prestación de servicios.
La Contraloría estatal por su parte inhabilitó por 10 años a seis ex funcionarios relacionados con los embargos.
con información de agencias
jcrh