MÉXICO.- Edgardo Buscaglia, es un reconocido experto internacional en crimen organizado. Autor de los libros “Vacíos de poder en México” y “Lavado de dinero y corrupción política” indica que el recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), presenta importantes fallas.
Según su punto de vista, uno de ellos es que “no aborda el origen de la corrupción” y que en el caso Ayotzinapa, más allá del destino de los 43 desaparecidos, no se han hecho las investigaciones patrimoniales y financieras de las redes que rodean los crímenes, mismas que, “hasta que no comiences a desarmarlas, tendrás muchos Ayotzinapas por delante”.
Por otro lado, con relación a la detención de los líderes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), comenta que “es lo mismo que dije cuando detuvieron a Elba Esther Gordillo (en febrero de 2013, bajo cargos similares): más allá de los méritos de la acusación, en los que pueden ser culpables o inocentes, el hecho es que en México se usa el espasmo judicial como mecanismo de castigo político”.
Cuando líderes sindicales, líderes sociales, resultan incómodos al poder de turno”, explica Buscaglia, “sea (Felipe) Calderón, sea (Enrique) Peña Nieto, sea el Pato Donald, el hecho es que llegan estos castigos judiciales ejemplificadores que son simulaciones, están disfrazados de judiciales cuando en realidad son castigos políticos para desarmar un movimiento social”.
En contraste, afirma, no son perseguidos los delitos de quienes están cerca del Gobierno: “En este País nadie es igual ante la ley, excepto el poderoso, que reformatea la ley a su imagen y semejanza”, ya que “el Poder Judicial es un condón del Ejecutivo en turno, un sistema desechable que se utiliza con fines políticos a corto plazo”.
Dice que el objetivo real no es el combate al crimen. Señala que la vida civil y política están adulteradas por la falta de persecución del “lavado” de dinero, pues resulta “fácil que un partido te dé 10 pesos y que puedas recaudar mil a través de mecanismos ilícitos”.
El analista dice que el objetivo real no es el combate al crimen. Señala que la vida civil y política están adulteradas por la falta de persecución del “lavado” de dinero.