- Recientemente corrieron falsos rumores sobre que el gobierno privatizó el agua.
En redes sociales se difundió una versión sobre que el Gobierno de México aprovechó la atención en el Mundial de Rusia 2018 para privatizar el agua, incluso se dijo que esto ocurrió mientras se desarrollaba el partido de México contra Alemania.
Sin embargo, para dejar todo muy claro, esta noticia es falsa, según confirmaron diversos especialistas, como algunos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
¿Qué fue lo que pasó entonces?
El pasado 6 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto firmó una declaración de de 10 decretos de reserva de agua que tiene únicamente por objeto la protección de dicho líquido agua para la restauración y equilibrio ecológico en 295 cuencas del país.
¿Qué dicen los investigadores?
Académicos de la UNAM aseguraron que no hay pauta para la privatización del agua, sino una gran desinformación debido a la difusión de una supuesta privatización de este recurso por el levantamiento de veda de las aguas superficiales de dichas cuencas.
La investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, María del Carmen Carmona Lara, explicó que estos decretos son orientados para «el manejo de una nueva visión para el caso de la restauración y preservación del equilibrio ecológico».
Recordó que en el caso mexicano, la Ley de Aguas Nacionales ha detonado inconformidades cuando han querido reformarse, ya que desde 1992 esta Ley y el régimen jurídico del agua nacional, se adaptó en un momento específico que fue de negociaciones en el Tratado de Libre Comercio (TLC).
En ese sentido, advirtió que la discusión de estos nuevos decretos es parte del fenómeno de lo que está ocurriendo en el sentido de que «tenemos que replantear para qué queremos el agua».
De hecho, uno de los planteamientos que también coinciden en la aparición de la Ley de Aguas Nacionales y la Conferencia de Río de Janeiro, es la necesidad de establecer un porcentaje de cuidado del agua para los ecosistemas y el cuidado de la generación de los servicios ambientales.
Carmona Lara consideró que con la declaración de estos 10 decretos, estamos frente a facultades exclusivas del Presidente de la República y cuya decisión se toma a partir de estudios técnicos que hace la misma dependencia del Ejecutivo y que, en este caso, es la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Explicó que en dichos estudios técnicos hubo participación de académicos, a fin de consensuar la determinación de estos 10 decretos.
En todo caso, agregó, lo que están dejando ver estos decretos es la inconsistencia de su gestión en el sentido de que, por un lado, se supone que estos decretos de levantamiento de vedas tenían que acordarse con los Consejos de Cuenca.
Reconoció que esto sí ocurrió, pero la pregunta es si las 295 cuencas cuentan con Consejos de Cuenca y es ahí donde empieza a no funcionar el esquema de gestión integrada, ya que no todas las cuencas tienen estos consejos.
Por su parte, el investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Joel Carrillo Rivera, advirtió que el rumor de la privatización del agua “es una simple cortina de humo para cubrir deficiencias”.
Explicó que dichas deficiencias consisten en el hecho de que, aunque se han definido porcentajes para destinar al consumo y para la reserva ecológica, no existe un mecanismo que permita medir dichos porcentajes.
Por otra parte, explicó que estos decretos suprimen vedas existentes, pero a su vez marcan vedas adicionales, aunque todo se enmarca con respecto al caudal ecológico, pero sólo de manera superficial.
INFORMACIÓN: Redacción IMAGEN: Notimex
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