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Espionaje gubernamental en México

Espionaje gubernamental en México

MÉXICO.- La semana pasada, The New York Times informó que el Gobierno de México pagó 15 millones de dólares por este sistema de intercepción desarrollado por la empresa israelí NSO Group, aunque no precisó la institución que lo adquirió.

Hoy, se sabe que la Procuraduría General de la República (PGR), durante la administración de Jesús Murillo Karam, compró el software de espionaje Pegasus, el cual es considerado como el más sofisticado del mercado, debido a su capacidad de escuchar, ver, capturar texto, imagen y contactos de cualquier teléfono inteligente.

Se estima, que los objetivos potenciales en los que el Gobierno federal hubiera utilizado el novedoso programa son activistas sociales e incluso periodistas, que ya reportaron ser víctimas. El acoso ha sido revelado de manera consistente desde el año pasado por The Citizen Lab (TCL), un laboratorio de la Universidad de Toronto, en Canadá.



NSO Group tiene un solo distribuidor autorizado en México: son dos empresarios socios que tienen compañías registradas en Panamá y proveen refacciones para las aeronaves de la Secretaría de Marina.

Pero los informantes refieren que el software Pegasus no llegó a la PGR por medio de los israelíes, quienes más bien habrían tenido de intermediario a la empresa mexicana Balam Soluciones de Seguridad, de la cual son socios Asaf Israel Zanzuri y Rodrigo Ruiz Treviño de  Teresa.

Con la revelación de los Panamá Papers, en mayo pasado, se dio a conocer un correo electrónico de un empleado de Balam, fechado el 28 de noviembre de 2014, que parece confirmar una de las adquisiciones.

Esta no es la primera vez que el Gobierno de México ha sido acusado de adquirir equipo a empresas ligadas al espionaje. En julio del año pasado, información difundida en la prensa internacional incluía al país entre los que habrían comprado un sistema de vigilancia a la empresa italiana Hacking Team, conocida por vender herramientas que ayudan a violar la seguridad de computadoras y teléfonos.



El documento sobre los supuestos contratos entre los gobiernos y la empresa fue difundido en la página PASTEBIN. En éste se da cuenta de que los supuestos clientes incluyen a la Policía Federal, el Ejército Mexicano, la Armada de México, el Cisen, así como los gobiernos del Estado de México, Distrito Federal, Durango, Querétaro, Puebla, Tamaulipas, Yucatán, Campeche y Baja California.

con información de agencias

jcrh