CIUDAD DE MÉXICO.-  El signo de desconfianza en los posibles es manifiesto. Mientras Gobernación urge a estados capacitar a sus cuerpos de seguridad -léase policías-, éstos en Veracruz paran labores. Se han entregado a los estados para velar por este concepto: 110 mil mil millones de pesos, sin embargo los delitos van al alza.

La profesionalización de los cuerpos de seguridad estatal y municipal, sigue carentes de esa preparación y en doce entidades cuando menos el diez por ciento de sus policías no son objeto de crédito.  En la última década -2006-2016-, el dinero que se aplica para mejorar, no parece ofrecer resultados.

Los delitos de alto impacto se hallan al alza, en sus niveles históricos más altos, como el homicidio, que en 2016 tuvo 20 mil 789 casos, lo que implica un repunte del 22 por ciento con relación a 2015. En tanto, la profesionalización de los cuerpos de seguridad estatal y municipal, base del nuevo sistema de justicia, no se ha completado y en al menos 12 entidades el 10 por ciento o más de sus policías no son fiables.

La falta de efectividad obligó la semana pasada al gobierno federal a poner un ultimátum a estados y municipios para profesionalizar a sus policías y dar resultados, para acelerar el regreso del Ejército a los cuarteles.

Para fortalecer las policías estatales y municipales, el gobierno federal da recursos a través del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio a la Seguridad Municipal (Subsemun) ahora Fondo para el Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg), entre otros.

Entre 2006 y 2012, el gobierno federal inyectó a través de estos dos programas, previstos en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos Federal, 65 mil millones de pesos a las policías estatales y municipales.

En el caso del FASP, en 2006 se entregaron 5 mil millones de pesos; en 2007, 5 mil millones; en 2008, 6 mil millones; en 2009, 6 mil 916 millones; en 2010, 6 mil 916 millones; en 2011, 7 mil 124 millones y en 2012, 7 mil 373 millones.

Mientras que por el Subsemum en 2008 se aportaron 3 mil 589 millones de pesos; en 2009 fueron 4 mil 137 millones; en 2010, 4 mil 137 millones; en 2011, 4 mil 303 millones y en 2012, 4 mil 453 millones. Al corte del sexenio panista de Felipe Calderón Hinojosa, los delitos de alto impacto se duplicaron, principalmente el homicidio, el secuestro y la extorsión.

En 2006 en el país hubo 11 mil 806 homicidios, 733 secuestros y 3 mil 157 extorsiones. Para 2012, último año del gobierno de Calderón, las cifras fueron 21 mil 736 homicidios, mil 418 secuestros y 7 mil 284 extorsiones.

En los primeros cuatro años del gobierno de Enrique Peña se mantuvo la tendencia. Entre 2013 y 2016, a través de FASP y Subsemun, se inyectaron a estados y municipios 50 mil 396 millones de pesos.

Y aunque los dos primeros años de la administración priista de Peña Nieto hubo una disminución en la incidencia de los citados delitos, a partir de 2015 volvieron a repuntar y hoy se encuentran nuevamente en los niveles de 2012. En 2016 en el país, hubo 20 mil 789 homicidios, mil 128 secuestros y 5 mil 239 extorsiones.

Desde 2006, cuando el panista Felipe Calderón, entonces Presidente de la República, le declaró la guerra al narcotráfico, se puso al descubierto la debilidad de las policías municipales y estatales.

Las corporaciones de los dos niveles de gobierno, según revelaron decenas de casos en todo el país, estaban a merced del crimen organizado. Por ejemplo, en septiembre de 2008 detuvieron a 35 policías en Torreón, Coahuila; en abril de 2010 aprehendieron a 25 policías en Guerrero; en mayo de 2011 capturaron a 130 policías en Guanajuato.

Casos similares hubo en Baja California, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Morelos, Tabasco, entre otros estados.

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