CIUDAD DE MÉXICO,-La desigualdad, la discriminación y los estereotipos de género siguen siendo barreras para la igualdad en México, Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo lo anterior durante el coloquio Los derechos humanos de las mujeres: Avances, retos en políticas públicas con perspectivas de género y mecanismos para su evaluación-.

Los estereotipos de género se han reproducido en las normas jurídicas, y siguen impidiendo a las mujeres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

A tres años de que el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género” fuera presentado por la SCJN como una herramienta para auxiliar a las y los juzgadores en la tarea de impartir justicia con perspectiva de género, la doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León presentó un análisis detallado de dicho instrumento y subrayó los puntos que a su juicio se deben reforzar.

“A través de este Protocolo les proporcionamos a los juzgadores los términos técnico-jurídicos-metodológicos para que emprendan dicho examen, para que juzguen diferente de cómo lo ha venido haciendo durante muchas décadas”, recalcó la licenciada en derecho egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución que forma parte de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Mencionó que los “hombres y mujeres podemos tener los mismos derechos pero tenemos diferencias basadas en el sexo y en el género. Sin embargo, las posibilidades de ejercer nuestros derechos van de acuerdo con un rol de asignación social, pues la sociedad determina tareas y papeles relacionados con nuestro sexo y propicia relaciones asimétricas de poder”.

Asimismo, señaló que los estereotipos de género nos imponen una carga, más que un beneficio y nos marginan: “Les decimos a quienes juzgan y operan el derecho que tienen la obligación de advertir si el contenido de las normas reproduce prácticas sociales estereotípicas o se basa en las funciones de género que limitan a una persona en el goce de sus derechos”.

La metodología del Protocolo permite identificar y evaluar en un conflicto jurídico las prácticas discriminatorias, es decir, la interpretación y la aplicación de los derechos basados en perspectivas de género.

Al respecto, quien fuera ministra de la SCJN hasta noviembre pasado, recordó un famoso ejemplo: “Cómo no la iban a violar, si se lo buscó”.

“Tristemente los estereotipos de género se han reproducido en las normas jurídicas, que aunque han avanzado, dichas normas siguen impidiendo a las mujeres el uso de sus derechos sexuales y reproductivos, entre otros”, lamentó.

Sánchez Cordero dijo que para garantizar la igualdad, debemos reconocer las diferencias, analizando cuál es el valor que se les ha asignado y evaluar si esto genera o no desigualdad, “porque un trato discriminatorio proviene de la misma norma”.

Agregó que debemos construir un contexto y revisar las diferencias. “No se trata de igualar las diferencias, si no de advertirlas y valorarlas, para que los juzgadores puedan identificarlas y juzgar así con perspectiva de género”.

La exmagistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, comentó que “tenemos que analizar las categorías sospechosas, aquellos criterios utilizados para atribuir roles, características y funciones con base al grupo en el que hemos sido catalogados mentalmente, entre los que se encuentran sexo, condición social, discapacidad, origen étnico, nacionalidad y estado civil.

“Estas características tienen que estar constantemente bajo sospecha de los juzgadores, de las autoridades administrativas, legisladores, etcétera, porque hay un cúmulo de valoraciones a priori sobre las funciones y comportamientos de las personas definidos por estas categorías.

Sin esto, no es posible aspirar a ser juzgado con una perspectiva de género”, dijo Olga Sánchez, quien de 2005 a 2011 formó parte de los 300 líderes más influyentes en México, según la revista Líderes Mexicanos.

Finalmente la abogada concluyó que la no discriminación y la igualdad son dos pilares constitucionales sobre los que se debe trabajar para disminuir la desigualdad en México y para impartir la justicia.

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