Una de las primeras iniciativas que se anunciaron con la llegada del nuevo gobierno fue la Ley de Voluntad Anticipada, con la que se impulsarían  reformas a los códigos civiles para consagrar el derecho a una muerte digna.

Sin embargo, a un año de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sólo 14 entidades han aceptado la iniciativa que otorga a los enfermos terminales el derecho a decidir si continuar o no con los tratamientos que prolongan su vida.

“La Voluntad Anticipada es la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona”, señala el artículo 1º de la Ley.

Ciudad de México, Coahuila, Aguascaliente, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala son los estados en donde los pacientes terminales pueden ejercer este derecho.

Y pese a que en México ha habido un gran avance en cuanto a la normatividad del derecho a  la muerte digna, como la reciente reforma al artículo 4º de la Constitución, promovida por el senador Miguel Ángel Mancera, en donde se incorporan los cuidados paliativos multidisciplinarios como parte del derecho a la salud.

Pero, ¿qué sucede con los pacientes que por su enfermedad sufren de dolores incalculables, que ni los tratamientos paliativos logran disminuir, y que desean terminar con su vida de inmediato?

“Imagina que tienes 34 años y que todo lo que te hace ser tú desaparece por una enfermedad que te invade de a poco. Que pierdes tu capacidad de comer ciertas cosas, de tener energía, hasta que llega el punto en que vas perdiendo la capacidad de respirar adecuadamente, de ingerir hasta los líquidos más simples, que no puedes hablar y que tu cuerpo yace inerte en un cama las 24 horas, ¿querrías seguir viviendo?”, pregunta Ana María, quien quedó viuda luego de que su esposo enfermara de cáncer retroperitoneal en 2017. 

Cuenta que una opción para su esposo enfermo siempre fue la eutanasia; sin embargo, en México esta práctica es ilegal y se paga con cárcel. 

Y ¿qué es la eutanasia? Es el acto que pone fin a la vida de un enfermo terminal a su solicitud, de quienes él depende o por decisión del médico que lo atiende, la cual se divide en dos tipos: eutanasia activa y eutanasia pasiva. 

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La primera es aquella en la que el paciente acepta que se le suspendan los tratamientos terapéuticos que le prolongan la vida y/o solicita que se le suministren medicamentos que le produzcan la muerte. En la eutanasia pasiva, en donde el paciente no presta su consentimiento porque está impedido para hacerlo, tal es el caso de pacientes con muerte cerebral o en estado de coma. 

No obstante, la eutanasia, sigue siendo, hasta nuestros días, uno de los temas más polémicos en todo el mundo. 

Cuestiones religiosas, éticas, científicas y legales se entremezclan en este debate que parece desafiar los consensos sociales. 

No en vano ha costado una gran labor política que se tenga el derecho a «una muerte digna» de manera legal en un puñado de países: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia.

¿Qué falta para que México siga en la lista? Muchos años y muchas reformas, asegura Lourdes Motta, abogada egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Ciencias (MSc) por la Universidad de Birmingham, Inglaterra con especialidad en Economía y Políticas de Salud.

“Hay algo que no se ha podido quitar, y eso es que la gente siente que su familia le pertenece. Se han hecho encuestas y en la mayoría, creeme, que quedan al parejo el sí a una eutanasia y el no a la eutanasia. 

“Hay personas que dicen ‘aunque mi mamá me lo pida yo no voy a hacerlo’. Además se agrega el tema de la religión y aunque cada vez son menos, en México un gran número de la población es católica”, comenta la experta.

En un comunicado del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME), señala que la postura de la Arquidiócesis de México sobre la eutanasia es que únicamente Dios será el encargado de arrebatar la vida.

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“La Sagrada Escritura es clara al señalar que la vida es un don de Dios y solo Él tiene poder para darla y quitarla. Bajo esta idea, toda persona, institución o gobierno deben hacer todo lo posible para ayudar a conservar la vida propia y la de los demás”, afirma el documento. 

Para Ana, solo alguien que lo sufre de cerca o el mismo paciente es quien puede decidir cuándo es el momento de morir. 

“La pregunta era cuándo pasaría y de qué forma. Mi esposo, cuando comenzó a sufrir los estragos de la cama, cuando aparecieron las llagas, los vómitos que no paraban, el dolor interminable, quería terminar con todo, pero la respuesta de todos era la misma ‘solo Dios sabe cuándo debe llamarte’, incluso su papá le contestó una vez ‘tienes que aguantar porque es la prueba que Dios te dio’. 

“Entonces yo me pregunto ¿Qué clase de ser supremo puede ser tan cruel que manda a sus creyentes a sufrir de tal manera? ¿por qué tiene que ser ese Dios y no uno mismo el que decida por nosotros y peor aún, por qué las leyes están hechas a conveniencia de lo creyentes y no de los que sufren las enfermedades?”, cuenta Ana. 

Todas estas voces se encuentran en el centro del debate que ahora pertenece al rubro político, más allá de creencias religiosas. 

“De que lleguemos a que un día se pueda realizar la eutanasia activa, todavía lo veo muy lejano (…); a lo que sí creo que vamos es caminando hacia que sea una cuestión generalizada la eutanasia pasiva y el testamento de vida, ese sería el primer paso”, concluyó Lourdes Motta.