CIUDAD DE MÉXICO,-  Las organizaciones de vivienda de la Ciudad de México (CDMX), tienen un modus operandi que, presumiblemente, incluye la participación de funcionarios públicos que proporcionan información de inmuebles para posteriormente apropiárselos.

Estas prácticas de corrupción podrían ser revisadas y atajadas con mayor efectividad si el INVI actualiza y transparenta información respecto a su relación con dichas organizaciones.

La Diputada Dunia Ludlow, Presidenta de la Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), presentará ante el pleno de la Comisión Permanente el punto de acuerdo que exhorta al INVI renueve e informe a detalle sobre el número de créditos y montos a los que son acreedores cada organización civil, cuántas de éstas están sancionadas y a su vez cuántas personas se han beneficiado a través de estos grupos.

“La transparencia es la mejor arma con la que se cuenta para combatir la corrupción e impunidad que, en este caso, está poniendo en entredicho la tranquilidad de la ciudadanía ante la comisión de delitos de alto impacto en inmuebles que se apropian las organizaciones de vivienda”, refirió la asambleísta.

También sostuvo que, aquellas organizaciones que hayan incurrido en actos ilícitos o que se hayan involucrado en actividades propias de la delincuencia organizada, deben ser investigadas; sus dirigentes y militantes deben ser sujetos al debido proceso y, de ser el caso, deben ser sancionados de acuerdo con la ley.

Sin embargo, dijo, sería injusto afirmar que todos los grupos que en la Ciudad de México ayudan a los sectores más necesitados a tener un hogar, sean calificados como delincuentes.

En ese sentido, la Diputada Dunia Ludlow, adelantó que el día de mañana presentará ante el Pleno de la Permanente de la Asamblea Legislativa, el punto de acuerdo que exhorta el titular del INVI informe sobre las acciones que se están llevando a cabo, a fin de sancionar y en su caso suspender a las organizaciones que incurran en delitos.

Otro más de los resolutivos del documento pide a dicho Instituto de Vivienda publique en su portal de internet, la versión actualizada de las organizaciones sociales que reciben apoyo, a cuánto ascienden los recursos que se les destinan y quiénes han sido los beneficiarios, así como los mecanismos sancionadores y la lista de aquellas organizaciones que estén suspendidas o bajo un proceso de investigación.

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