Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, consideró que las condiciones están dadas para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por la masacre de ocho personas.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre, en esa frontera de Tamaulipas.

“Debe ser en las próximas horas. No debe pasar más de 72 horas para que el gobierno federal admita la atracción de la investigación, me parece que ya están dadas las condiciones.

«Se ha documentado lo suficiente y han escuchado directamente el reclamo de familiares de víctimas, me parece que en cualquier momento el gobierno federal podría anunciar la atracción de dicha investigación”, aseguró.

Raymundo Ramos dijo que no se tiene confianza en el fiscal especial que nombró Irving Barrios Mojica, fiscal general del estado de Tamaulipas, para que esclarezca los hechos donde están involucrados elementos del Ejército y de la Policía Estatal.

“El gobierno de Tamaulipas ha designado un fiscal de asuntos electorales para investigar esta masacre de Valles de Anáhuac.

«Desconfiamos totalmente del gobierno de Tamaulipas, esta designación es una simulación como otras tantas que han ocurrido y de ninguna manera nos vamos a prestar a esa investigación, porque no confiamos en el fiscal Irving Barrios”, reiteró.

FGR debe investigar masacre en Nuevo Ladero

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado había informado sobre los hechos que acusa este organismo de Derechos Humanos, se trató de un montaje y una ejecución extrajudicial.

«El día de hoy se aseguró una camioneta modificada con blindaje artesanal, así como 15 armas largas y una corta luego de que policías estatales repelieron una agresión en su contra en la que murieron ocho personas, identificadas como integrantes de un grupo delictivo”.

Por ello la oficina a su cargo realiza gestiones ante diversas autoridades e instancias de Derechos Humanos para que se logre que el caso de la masacre en Nuevo Ladero sea llevado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

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A esta solicitud se le sumó el diputado por el Partido del Trabajo en el Congreso de Tamaulipas, Armando Javier Zertuche Zuani.

“Es imperante que el proceso de investigación se lleve a cabo con absoluta transparencia.

«Que todas las voces involucradas en estos lamentables hechos sean escuchadas, se finquen las acciones penales a los responsables y conocer el verdadero móvil de este delito”, dijo el legislador local.

Añadió que están en la Ciudad de México para pedir la intervención del gobierno federal en una investigación que sea clara, confiable, transparente y pronta.

Piden juicio político contra gobernador de Tamaulipas

Raymundo Ramos añadió que por los hechos sucedidos el pasado 5 de septiembre están pidiendo que se le inicie un juicio político a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.

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“Estuvimos en el Senado, exponiendo el caso ante un número importante de senadores y senadoras de la bancada de Morena,.

«Queremos exigir que no solamente nos ayuden con la parte de la atracción de la investigación por parte de la autoridad federal, sino que se considere la posibilidad de iniciar un juicio político en contra de García Cabeza de Vaca.

«Dada la constante violación a los derechos humanos y la impunidad que existe en Tamaulipas, que es del 95 por ciento en homicidios dolosos.

«El desinterés que tiene con las víctimas y finalmente ahora el haber protegido este tipo de operativos de Policía Estatal, de operaciones especiales de Nuevo Laredo, de Reynosa y de otros municipios de Tamaulipas”, acusó.

Evidencias

Añadió que se tienen las evidencias que acusan a los cuerpos de seguridad de haber hecho un montaje de un supuesto enfrentamiento de éstos contra miembros de la delincuencia organizada.

“Las pruebas son evidentes, tenemos testimonios periciales, de la forma en que se ejecutaron a estas personas, de manera extrajudicial.

«Tenemos los videos que muestran la presencia de policías estatales y militares desde las 7:30 horas en Valle de Anáhuac, cuando el reporte oficial indica que la presunta balacera fue a las 9:30 horas, es decir, dos horas después.

“Y tenemos la campaña de criminalización que desde el gobierno del estado, la oficina de Comunicación Social han iniciado en nuestra contra.

«En contra de las personas fallecidas y también de las familias que reclaman justicia, verdad y protección del gobierno federal”, finalizó Ramos.