CIUDAD DE MÉXICO,-   Debemos respetar y garantizar el derecho de todos los mexicanos para acceder a una vivienda digna, por lo que necesario que el uso de recursos federales deben transparentarse, especialmente los dirigidos a coadyuvar con la calidad de vida de los mexicanos.

El Senador Daniel Ávila Ruiz, comentó que hoy se vive una indignante realidad conformada por la sistemática violación del derecho constitucional a la vivienda digna, así como de las leyes y disposiciones normativas que tienen como finalidad su protección y progresividad.

Los responsables son en gran medida los malos servidores públicos que deberían intervenir en garantizar el derecho a la vivienda. Algunos de ellos a quienes han estado medrando a costa de los más pobres de este país.

Asimismo, Ávila Ruiz señaló que la normatividad vigente que utiliza tanto Sedatu como Fonhapo, adolecen de claridad y funcionalidad para instrumentar la ejecución del Programa y lograr el máximo beneficio de sus destinatarios, y por el contrario, han dado lugar a una serie de abusos y arbitrariedades.

Un claro ejemplo es el Programa de Vivienda Rural o apoyo a la vivienda que se opera a partir de dos instrumentos básicos: el «Cuestionario Único de Información Socioeconómica», conocido por sus siglas como «CUIS» y el denominado “Expediente Técnico».

Se trata de instrumentos que se utilizan para conformar los expedientes para que una persona sea candidata a recibir el apoyo de una Unidad Básica de Vivienda (UBV) o de la ampliación o mejoramiento de su vivienda.

Estos expedientes son manipulados por los funcionarios quienes en su afán de obtener beneficios propios incurren en actos indebidos, dejando sin oportunidad a una buena parte de familias para recibir el apoyo al que tiene derecho.

El Senador por el estado de Yucatán, afirmó que gracias a las investigaciones se tiene conocimiento que personas que nos son servidores públicos cuentan con clave de acceso al sistema, con la que pueden ingresar datos al mismo, violando con ello la integridad y veracidad del programa: “situación que debe ser aclarada”.

En este sentido, Ávila Ruiz propuso un punto de acuerdo ante el pleno de la Jucopo para que se exhorte a la Sedatu y Fonahpo, para que revisen las Reglas de Operación vigentes y subsecuentes del Programa de Vivienda Rural, así como para evaluar la pertinencia de realizar modificaciones necesarias a fin de respetar y garantizar el acceso al derecho de todos los mexicanos a la vivienda.

A través del punto de acuerdo se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares remitir al Senado de la República un informe detallado sobre la operación de los Programas de Vivienda Rural, y Apoyo a la Vivienda.
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