CIUDAD DE MÉXICO,-   El gobierno mexicano va en sentido contrario a las recomendaciones de incrementar la inversión en infraestructura dadas inclusive por organismos y foros internacionales como el FMI y el G20, respectivamente, quienes establecieron su compromiso de promover la inversión enfocándose en la infraestructura en términos de cantidad y calidad.

El Diputado Federal Carlos Hernández Mirón, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, informó que los pasados 23 y 24 de julio se llevó a cabo en la ciudad de Chengdu, China, la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del denominado G20, integrado por los países del G8: Alemania, Italia, Canadá, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia; más Australia, India, China, Indonesia, Corea del Sur, Arabia Saudita, Turquía, Argentina, México, Brasil, Sudáfrica y la Unión Europea.

El diputado perredista puso como ejemplo la información contenida en el documento Avance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios Enero–Mayo 2016, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que con relación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde se constata que “en materia de proyectos de inversión se modificó a la baja el presupuesto total en 13 mil millones de pesos, al pasar de 85 mil a 72 mil millones de pesos.

Por lo anterior, resultaron afectados rubros como: construcción de aeropuertos, con 1 mil 400 millones de pesos; construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales, con 2 mil 500 millones de pesos; reconstrucción y conservación de carreteras, con 500 millones de pesos; conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras, con 1 mil 100 millones de pesos; proyectos de infraestructura ferroviaria, con 2 mil 100 millones de pesos; y Sistema de Transporte Colectivo, con 850 millones de pesos”.

Finalmente, el diputado Carlos Hernández Mirón se comprometió a “presentar e impulsar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de que la inversión en infraestructura tenga prioridad sobre el gasto corriente y no pueda ser objeto de ajustes o recortes presupuestales pues ello va en detrimento del crecimiento económico del país”.

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