El balance de la situación de derechos humanos en México durante la administración del saliente mandatario Enrique Peña Nieto es desfavorable, mientras que las recomendaciones para atender algunos de los casos más graves no han sido respondidas adecuadamente, dijo este miércoles el ombudsman local.
«Las recomendaciones emitidas por este organismo nacional, si bien fueron prácticamente aceptadas en su totalidad, presentan deficiencias y demoras considerables en su cumplimiento», dijo Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, ombudsman), durante su reporte anual en un acto del que participó el mandatario mexicano.
Recordó que hace un año Peña Nieto ordenó que el gobierno revisara las recomendaciones pendientes de cumplimiento y se formulara un plan de trabajo para atenderlas.
«Es mi deber informar a usted y a la opinión pública que esa instrucción no fue atendida en sus términos», agregó González.
Durante 2017, la CNDH emitió 97 recomendaciones: 81 ordinarias, cinco por violaciones graves, ocho relacionadas a tortura y tres generales, precisó el funcionario. Del 2012 al 2017, suman 454, agregó.
González dijo que hacia el último año de esta administración, México no ha mostrado progresos significativos hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos, no ha fortalecido el estado de derecho, ni ha modificado positivamente el entorno de millones de personas expuestas a inseguridad, violencia, impunidad, corrupción y pobreza.
A su turno, Peña Nieto sostuvo que durante su mandato, que culmina en diciembre, se ha enfocado en la construcción de un marco legal, en el desarrollo de instituciones sólidas que aseguren su cumplimiento y en la promoción de su pleno respeto.
Destacó la aprobación de leyes para la atención de víctimas, así como para la investigación y castigo de la tortura y la desaparición forzada.
González recordó que durante esta administración se han presentado graves violaciones como la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero (sur), los casos de ejecuciones extrajudiciales y uso de fuerza excesiva en Tanhuato, Tlatlaya y Apatzingan (centro) o de represión violenta de protestas como Chalchihuapan (centro) y Nochixtlán (sur).
Del total de recomendaciones emitidas para estos casos, solo una tiene pruebas de cumplimiento total, afirmó. «Sería una señal muy positiva que, antes de concluir su administración, se dé cumplimiento a las recomendaciones», planteó.
Más de 200.000 personas han sido asesinadas y varios miles están desaparecidas en México desde que el gobierno lanzó en diciembre de 2006 una polémica ofensiva militar antidrogas, de acuerdo con cifras oficiales que no precisan cuántos de estos crímenes están relacionados con el combate al crimen organizado.
Con información de Notimex.
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