CIUDAD DE MÉXICO,-  El Congreso debe estar enterado sobre casos de niños que han exigido «el cobro de derecho de piso» a sus compañeros y autoridades docentes, en escuelas del estado de Guerrero, así lo ha solicitado la senadora Martha Elena García al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno.

La legisladora también exhortó a los Sistemas Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los sistemas locales y municipales de protección de las 32 entidades, a diseñar una estrategia para proteger los derechos de los menores de edad.

Ello en los contextos de inseguridad, violencia y delincuencia organizada, que los expone a situaciones de vulnerabilidad o ser captados, utilizados o vinculados en actividades violentas o ilícitas, expuso la senadora del Partido Acción Nacional (PAN).

Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado pidió a la SEP emprender una campaña de difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes en las escuelas del país, en especial el derecho a una vida libre de violencia.

En un comunicado recordó que el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a México revisar la estrategia de combate al crimen organizado, bajo un enfoque que asegure la protección de infantes contra la violencia. Asimismo ha llamado a aplicar de manera efectiva el protocolo conjunto durante operaciones federales contra el crimen organizado que realizan órganos militares, de seguridad, de justicia o de desarrollo social.

García Gómez comentó que de acuerdo con el Informe Violencia, Niñez y Crimen Organizado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchos niños y adolescentes padecen abusos o violencia en el seno de su familia, la escuela o el ámbito de su comunidad por adultos o pares.

También la falta de cuidados adecuados en su familia y de apoyo a las instituciones del Estado; no gozan de su derecho a una educación de calidad en un ambiente protector que le brinde la posibilidad de desarrollar su máximo potencial. Otros han manifestado que sufren estigmatización o alguna forma de discriminación basada en su condición socioeconómica y/u origen, abundó Martha Elena García.

La Consulta Infantil y Juvenil que se llevó a cabo en México en 2012, con la participación de más de 500 mil personas de entre 10 y 15 años, concluyó que 10 por ciento de los jóvenes de 13 a 15 años manifestaron que grupos de delincuentes les han pedido formar parte de sus actividades.

Esta consulta reveló que esa invitación se incrementa con la edad y es mayor entre los hombres (13.5 por ciento) que entre las mujeres (7.8 por ciento), al igual que entre quienes no asisten a la escuela (22.2 por ciento) frente a quienes cuentan con escolaridad (10 por ciento).

Los estados donde los adolescentes reportan con mayor frecuencia que los delincuentes los invitan a formar parte de sus grupos son Chihuahua (17.8 por ciento), Baja California (13.6 por ciento), Quintana Roo (12.5 por ciento) y Durango (12.3 por ciento).

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