MÉXICO.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presentó sus nuevas directrices migratorias, la cuales contemplan empezar a deportar a México a todos los latinoamericanos y otros que entraron a Estados Unidos de forma ilegal desde ese país. Como consecuencia de esto, se teme la aparición de campos de refugiados y deportados en su frontera norte.

Lo más grave del caso, es que el consenso general es que México no está ni remotamente preparado para afrontar la llegada de millones de repatriados.

De acuerdo con las nuevas directrices anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional, los inmigrantes serán enviados al otro lado de la frontera, a un país sacudido por la violencia donde no tienen vínculos, mientras sus peticiones de asilo o procesos de deportación se estudian en Estados Unidos.

Los mexicanos como es de esperar, tiemblan ante la idea de lidiar no con miles, sino con cientos de miles de extranjeros en una región fronteriza que ya convive con la presencia de carteles del narcotráfico y violencia.

No está claro si Estados Unidos tiene autoridad para obligar a México a aceptar a extranjeros. Pero el memorándum del Departamento de Seguridad Nacional pide un informe sobre la ayuda que Washington brinda a su vecino, una posible señal de que Trump tendría intención de usar esos fondos para que acepte a los ciudadanos de otras nacionalidades.

Contrario a lo que pudiera pensarse, hay precedentes de campos de refugiados en México.

En las décadas de 1980 y 1990, el país recibió a unos 46 mil guatemaltecos que guían de la guerra civil. Con ayuda de Naciones Unidas, se les alojó en campos en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo, en el sur. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, casi 43 mil refugiados y sus familias regresaron, pero 30 mil guatemaltecos y sus hijos nacidos en México decidieron quedarse.

Esta situación podría repetirse con cualquier otro grupo migratorio que llegue al país. Miles de haitianos que huían de la pobreza y del potente sismo que arrasó su país en 2010, que en un primer momento fueron reubicados en Brasil, comenzaron a llegar a Tijuana el año pasado para pedir asilo en Estados Unidos. Sus solicitudes se frenaron en enero, tras saber que las de otros compatriotas estaban siendo rechazadas y las autoridades estadounidenses los deportaban a Haití.

Este eventual escenario, no ha pasado desapercibido a organizaciones como Amnistía Internacional.

«Desde Amnistía estamos vigilando que no vaya a crearse una situación de campos de refugiados en la frontera norte, como sucede en Grecia o incluso en Siria», dijo Direri Pérez, responsable de Relaciones Públicas de Amnistía Internacional México.

Los migrantes provienen, en su mayoría, del Triángulo del Norte -Guatemala, Honduras y El Salvador-, donde la violencia de pandillas y el narcotráfico obliga a las personas a huir.

Amnistía Internacional urgió a que el Estado mexicano defina su estrategia de regulación de sus fronteras, la cual sea imparcial y humana, y tome en cuenta los derechos humanos de los migrantes. Además, pidió que el Gobierno federal tenga lista una estrategia para cuidar y proteger a los migrantes que queden varados en México y soliciten refugio.

jcrh