CIUDAD DE MÉXICO,- La Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó seis denuncias contra más de 30 funcionarios y exfuncionarios de Veracruz por el desvío de recursos por cuatro mil 770 millones de pesos y se proponen exhortar a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para que intervenga “de manera urgente” en el proceso de transición del gobierno de esta entidad.
Senadores del Grupo Parlamentario del PAN proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría General de la República (PGR), para que concluya, de manera inmediata, la investigación sobre funcionarios y exfuncionarios del gobierno del estado de Veracruz por el presunto desvío de recursos públicos federales.
A través de un punto de acuerdo, los legisladores plantean que la PGR debe sancionar a los responsables de este desvío de recursos, originalmente asignados a rubros como educación, salud, seguridad pública, infraestructura y seguro popular, de acuerdo con las denuncias presentadas por la ASF, durante los años 2014 y 2015.
También promueven que la Permanente exhorte al congreso estatal de Veracruz para que no apruebe los cambios legales propuestos por el gobernador de la entidad, Javier Duarte de Ochoa, ya que “tienen por objetivo la protección de la impunidad”.
Asimismo, piden exhortar al titular de la SEGOB, para que intervenga “de manera urgente” en el proceso de transición del gobierno del estado de Veracruz, ante las acciones del gobernador que atentan “en contra de la vida democrática del estado y de los intereses de los veracruzanos”.
En las consideraciones del punto de acuerdo, turnado para su análisis a la Primera Comisión de trabajo, los legisladores destacan que la ASF determinó el adeudo de la entidad por un monto total de 50 mil millones de pesos, cifra que podría aumentar dado que faltan por auditar los ejercicios fiscales de los años 2015 y 2016, “en donde se prevé un mayor desfalco”.
Recuerdan que la ASF presentó seis denuncias contra más de 30 funcionarios y exfuncionarios de Veracruz, ya que “se les acusa por el desvío y la no comprobación de recursos públicos federales por cuatro mil 770 millones de pesos”.
Ello demuestra, argumentan los senadores en el documento, que el gobernador Javier Duarte de Ochoa “únicamente se ha encargado de endeudar y saquear al Estado, dejando en completo abandono a todos los sectores que habitan la entidad”.
En paralelo, señalan, “el gobernador en funciones continúa realizando acciones en beneficio propio con el único objetivo de blindar su salida y la de sus empleados, para encubrir la serie de actos corruptos que encabezó y lograr que estos queden en total impunidad”.
Entre estas acciones, el gobernador Duarte de Ochoa ha propuesto nombrar a un “fiscal anticorrupción” inamovible por cinco años, nombrar por diez años a tres magistrados de una sala especializada para combatir la corrupción, a partir de una terna propuesta por el mandatario estatal, y la permanencia del actual contralor del estado, indica el punto de acuerdo.
Además, el mandatario veracruzano se ha negado a entregar la Cuenta Pública 2015 y propone una reforma constitucional para adelantar la fecha de su aprobación, a fin de que la revise la actual Legislatura.
También se ha negado a proporcionar información al gobernador electo para la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo, que debe aprobarse en noviembre próximo.
El punto de acuerdo insiste en la solicitud a los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz para que no convaliden las modificaciones de diversos ordenamientos jurídicos, “en tanto que dichas medidas normativas tienen por objeto la protección de la impunidad; por ello se exhorta a que ningún diputado local sea partícipe en este fraude a la ley”.
Denuncian que en Veracruz 58 por ciento de la población está en situación de pobreza, 18 por ciento en situación de pobreza extrema, más de tres millones de personas no tienen acceso a los servicios básicos, y 30 por ciento carecen de acceso a la alimentación.
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Adicionalmente, recalcan que esta entidad ocupa el primer lugar en homicidios contra periodistas, el tercer lugar nacional en secuestros, adeuda a la Universidad Veracruzana dos mil 76 millones de pesos, y durante cinco años ha sido el estado con el peor crecimiento económico.