CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno en México, a promover la sensibilización y profesionalización de los servidores públicos, con el propósito de frenar las agresiones a defensores de derechos humanos. Lo anterior debido al incumplimiento de las autoridades de su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a derechos humanos de quienes integran este grupo en situación de riesgo.

El organismo autónomo del Estado señaló que «las personas defensoras de derechos humanos contribuyen a la protección de los derechos fundamentales tanto a nivel local como internacional, ayudando a construir el sistema democrático de nuestro país».

No obstante, añadió, las agresiones que sufren van desde las amenazas hasta los homicidios y desapariciones por el solo hecho de realizar su trabajo.

Destacó que los defensores representan a grupos específicos de la población como niños, homosexuales, indígenas, mujeres, migrantes y periodistas, entre otros, «por lo que la afectación de las personas defensoras repercute directamente en el goce de los derechos de amplias capas de la población».

Ello, de acuerdo con la CNDH, «hace necesario y urgente que se garantice el ejercicio de su labor en condiciones de libertad y seguridad».

La CNDH advirtió que muchas de las agresiones que sufren estas personas son atribuidas frecuentemente, por acción u omisión, a servidores públicos, pese a lo cual «las instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia carecen de información sistematizada que permita identificar, de manera clara y precisa, el número real de agresiones y delitos vinculados a su actividad».

Ante ello, este organismo nacional subraya que es necesaria la sensibilización y profesionalización de los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia, con el propósito de abatir el nivel de agresiones contra personas defensoras», señaló.

Recomienda, entre otros puntos, realizar una campaña pública sobre el reconocimiento y no estigmatización del trabajo de los defensores y para respetar sus derechos durante el ejercicio de sus actividades, y atender pronta y eficazmente las solicitudes de medidas cautelares dictadas por los organismos de protección de los derechos humanos en favor de las personas defensoras.

La recomendación está dirigida a los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Procuraduría General de la República; a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno de la Ciudad de México; a los fiscales de las entidades federativas y a los presidentes municipales, entre otras autoridades.

jcrh