CIUDAD DE MÉXICO.- Es necesario respetar los derechos de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, y con las reformas a la Ley General de Salud se establecerán obligaciones que garanticen la erradicación de prácticas violentas contra mujeres embarazadas.

“Como Grupo Parlamentario PRD hemos presentado dos proyectos de decreto que reformarían la Ley General de Salud (LGS) y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)», explicó la Diputada Maricela Contreras Julián en el marco del Tribunal simbólico, Violencia obstétrica y muerte materna: un reflejo de la violación a derechos humanos en México.

Pidió garantizar el derecho a las mujeres a recibir un trato ético y con apego a sus derechos humanos en la prestación de servicios obstétricos a través de establecer el concepto Violencia Obstétrica.

De esta forma, la propuesta adicionaría al artículo 61 Bis de la LGS y al artículo 20 BIS de la LGAMVLV para establecer la obligación de las autoridades sanitarias de disponer medidas a efecto de que el personal de salud, ya sea con acciones u omisiones, eviten causar daño físico o psicológico a las mujeres durante la atención del embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud, un trato cruel, inhumano o degradante, o una inadecuada prescripción de medicamentos, entre otros aspectos.

“El doctor simplemente se me acercó, me dijo: ‘Tu esposa murió’». “Sin duda, cada uno de los 25 testimonios vertidos en este Tribunal Simbólico, nos estremecen, pues dan una muestra clara de la situación que viven las mujeres en nuestras instituciones de salud. Por ello, debemos trabajar para reforzar la obligación del Estado para establecer las prestaciones de servicios obstétricos confiables y seguros, que no ponga en riesgo la vida e integridad de las mujeres embarazadas”, subrayó.

“A estos casos se suman las experiencias de tratos crueles, inhumanos y degradantes que se producen por la insensibilidad frente al dolor, el silencio, la infantilización, los insultos, los comentarios humillantes y los malos tratos, sobre todo en mujeres de escasos recursos o indígenas que ingresan a los hospitales públicos, siendo muestra de los insultos y humillaciones las siguientes frases que se escuchan con mucha regularidad de boca del personal de salud: ‘si te gustó lo dulce ahora aguántate…’ o ‘quítate la ropa, que ¿ahora tienes pena? y estas víctimas de malos tratos generalmente no denuncian, porque la denuncia o la solicitud de trato digno sólo es objeto de burla o es usado para dosificarles el dolor o la atención”, afirmó la legisladora.

La también integrante de la Comisión de Derechos Humanos, en la Cámara de Diputados, recordó que en el año 2000 el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, realizó una encuesta entre personas usuarias de los servicios de salud gineco-obstétricos del país, arrojando como resultado que la mayoría de las y los entrevistados dijeron que el modo de atención es violento, además de destacar que los prestadores de servicios no trabajan desde las necesidades de las mujeres sino desde la burocracia de la institución.

“Es por ello que las presentes iniciativas pretenden que se institucionalice en todo el sector salud del país el concepto de violencia obstétrica y se tome conciencia sobre la necesidad de que las mujeres tengan acceso a contar con salud sexual y reproductiva que les permita tener un parto humanizado, ya que esa violencia es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen tanto la violencia institucional como la violencia de género; de ahí surge la necesidad de que se legisle en el tema a favor de las mujeres, ya que esa violencia es una forma específica de violencia contra las mujeres cometida por el Estado y constituye una violación a los derechos humanos”, concluyó.

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