México no es un lugar seguro para los periodistas, y los crímenes quedan impunes, ejemplo claro, a casi un mes del asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán, las autoridades todavía no capturan a los responsables.

Es urgente que las fiscalías General de Guerrero y Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión realicen las diligencias necesarias para ello y que este lamentable hecho no quede impune.

Los diputados federales de Morena, Virgilio Caballero Pedraza y Ángel Antonio Hernández de la Piedra, presentaron un Punto de Acuerdo para que además el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que inició labores en junio de 2012, lleve a cabo acciones efectivas tendientes a la protección de quienes se dedican a la profesión periodística.

Al respecto, afirmaron que México no es un lugar seguro para los periodistas, por lo que Morena insistirá en que se visibilice esta situación para que las autoridades de seguridad y justicia emprendan acciones que permitan el pleno ejercicio de sus actividades.

“Los ataques a periodistas se han vuelto noticia de todos los días y, además de ello, salta a la vista que muchos de los asesinatos tienen un ritual de mortificación de los cuerpos: mutilados, torturados o secuestrados. Es decir, no sólo se trata de eliminar al periodista, sino de enviar mensajes, sembrar terror, disciplinar y silenciar a la prensa”.

Ambos recordaron que el pasado 25 de abril, Pacheco Beltrán fue atacado por sujetos armados frente a su domicilio ubicado en la localidad de Taxco de Alarcón, Guerrero, y que cuando arribaron las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de quien colaboraba con “El Foro de Taxco” y la emisora de radio “Capital Máxima”, además de tener su propio portal de noticias.

“La última crónica que escribió fue publicada el domingo, misma que trataba sobre la ´noche de terror’ vivida en Acapulco, tras el ataque del narco al hotel Alba Suites, donde se aloja la Policía Federal”, se desprende de su documento.

Caballero Pedraza y Hernández de la Piedra señalaron que la indignación por este asesinato no se hizo esperar en el gremio periodístico y la sociedad en general, con la exigencia que las autoridades investiguen a fondo este reprobable hecho.

También, indicaron, que se generen condiciones para que cesen los ataques y violaciones a los derechos humanos de los periodistas, individuales y colectivos, entre los que destacan la vida, la integridad, la libertad de prensa, el acceso a la información y la libertad de expresión.

“Como legisladores, no podemos ser indiferentes a esta grave problemática que enfrentan los periodistas en nuestro país. Por ello, seguiremos insistiendo en que las actuaciones de las autoridades competentes, el marco legal y las acciones de gobierno generen un clima propicio para el ejercicio de la profesión periodística y con ello dejar de ser partícipes del doble silenciamiento hacia los periodistas”.

Los también integrantes de la Comisión de Radio y Televisión subrayaron que la inseguridad nacional para la labor periodística en nuestro país, ha llamado la atención de organizaciones internacionales como la UNESCO y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que han repudiado la falta de medidas efectivas por parte del Estado mexicano.

“Asimismo, informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estiman que 251 reporteros se encuentran desplazados de su lugar de origen, como consecuencia de las amenazas de muerte que han recibido”.

Según su Punto de Acuerdo, la mayoría de esos comunicadores se movilizan sin el apoyo del Gobierno Federal y sólo unos cuantos son ayudados por sus propios colegas, porque no existe credibilidad en el mecanismo de protección hacia ellos.

Indicaron que del primero de enero del 2000 al 31 de diciembre de 2015, se han integrado mil 49 expedientes de queja en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos.

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