MÉXICO.- El Estado de México está viviendo una seria y profunda descomposición social. El llamado “Justiciero de La Marquesa”, es prueba de ello. Pero hay que señalar que éste, no es un hecho aislado. Por el contrario es el resultado de décadas de fracaso institucional: de políticas de seguridad fallidas, de corrupción desbordante, de impunidad cínica y de descomposición del tejido social.

En el Estado de México, la cantidad de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes duplica el promedio nacional; uno de cada tres robos de automóviles del país sucede en nuestra entidad. En seis años los asaltos a transportistas se han incrementado 300%.

No por nada, la localidad encabeza a nivel nacional las denuncias por extorsión y homicidio, mientras que la tasa de secuestros ha crecido en los últimos años a un ritmo de 40 por ciento.

Cono consecuencia de esto, en el Estado de México cientos de vidas terminan a diario en tragedia ante la complicidad o la incompetencia de las autoridades, más preocupadas por su futuro político que por responder a su primer deber, que es brindar seguridad a los ciudadanos.

Las historias se multiplican día a día: jóvenes que no regresan de la escuela atrapadas por las redes de trata; adolescentes que se suman al tráfico de adicciones; mujeres violadas y masacradas; empresarios que tienen que cerrar sus negocios por la extorsión; familias que quedan rotas ante el secuestro o asesinato de un pariente.

Ante ello, los habitantes de la entidad están optando por un camino peligroso, fuera del marco de la legalidad y de todo pacto de convivencia social: la venganza por propia mano. Esta dinámica no puede justificarse, ni admite atenuantes.

No puede llamarse a alguien que actúa así “justiciero”, porque la justicia implica un marco ético y legal, una proporcionalidad en la acción y el reconocimiento de derechos fundamentales. De otra forma, la espiral de la injusticia y de la violencia sólo se profundizará. El sentido básico de civilización implica dejar atrás la ley del talión; el camino de degradación de una sociedad es volver al “ojo por ojo y al diente por diente”.

Pero la principal responsabilidad está en la autoridad, en esos Ministerios Públicos plagados de corrupción y de intereses oscuros; en la burocracia indiferente que guarda en un cajón las denuncias de los ciudadanos; en gobernantes ocupados en maquillar la realidad en vez de transformarla. El representante legal de la Cámara Nacional del Autotransporte aseguró que los asaltantes del autobús estaban involucrados en al menos treinta hechos delictivos más.

Frente a este panorama sólo queda una alternativa: una transición democrática en el Estado de México que tenga como prioridad de la agenda pública la recuperación del Estado de derecho. La única ruta segura es el fortalecimiento de las instituciones. El camino de la venganza y de la justicia por propia mano conduce a la ley de la selva. Ante la indiferencia y la complicidad de las autoridades no cabe la degradación de la ciudadanía, sino armarnos de valor para transformar de una vez por todas nuestro Estado.

con información de Excélsior

jcrh