CIUDAD DE MÉXICO,-  Necesario romper con las inercias asistencialistas para construir un verdadero Sistema Nacional basado en el enfoque de derechos humanos para impactar de forma positiva en la vida de todas las niñas y niños.

El 29 de junio es un día especial para la garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en México, ya que se concluyó con la instalación formal de los 32 Sistemas Estatales de Protección Integral a esta población infantil.

Desde REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México, saludamos el esfuerzo y voluntad política del Gobierno Federal, especialmente del Secretario de Gobernación y del Secretario Ejecutivo del SIPINNA Nacional; quienes lograron los acuerdos políticos necesarios para llegar a esta primera meta de institucionalización.

Si bien reconocemos la labor realizada en los Gobiernos Estatales para lograr que, en relativamente poco tiempo se instalen los SIPINNAs, nos preocupa que en diez Estados las Secretarías Ejecutivas fueron asignadas a los Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatales), ya que ello imposibilita de facto romper con las inercias asistencialistas que por décadas han impedido superar viejas prácticas y reducen la actuación pública sólo a «niños pobres o vulnerables».

Lo anterior, contradice además lo establecido el Artículo 130 de la LGDNNA que menciona: “La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva” En 22 Estados si se atendió este estándar internacional designando la Secretaría Ejecutiva en las Secretarías de Gobierno de cada Entidad.

La experiencia de la operación de los sistemas de protección integral en América Latina, nos sugiere que delegar la responsabilidad histórica de articular los Sistemas de Protección, en instituciones que han sido concebidas desde esquemas asistenciales y caritativos, es un grave error, pues la definición de competencias se vuelve ambigua, y su naturaleza asistencial le impide asumir la coordinación de las políticas de protección integral.

REDIM llama al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), y a los Gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán a realizar los cambios legislativos y políticos necesarios para que las Secretarías Ejecutivas mantengan el espíritu de la Ley General.

El logro histórico que representa la Ley General abre la posibilidad de crear un nuevo diseño institucional, la articulación intersecretarial, la participación de sociedad civil y el reconocimiento de la infancia como sujeto de derechos, como actor y participe de los cambios sociales en la construcción de la ciudadanía infantil.

Recordamos que la Secretaría Ejecutiva es el órgano coordinador que tendrá la responsabilidad de poner en el centro de todas las acciones de gobierno y del actuar de los tres Poderes de la Unión, a niñas, niños y adolescentes, transformando en prioridad política y programática la protección de sus derechos y su interés superior.

Saludamos la actitud profesional y comprometida del DIF Nacional en acompañar la creación del SIPINNA a nivel nacional y estatal, diferenciando su nuevo rol dentro del Sistema; vendrán aún más tareas que requerirán fortalecer la nueva visión y rediseño institucional.

Destacamos el trabajo de DIF Nacional en la construcción del Subsistema de Protección Especial, actualizando lineamientos de programas y con la creación de nuevos protocolos de atención junto con la nueva Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF, que confiamos en breve tenga resultados positivos para niñas y niños en alta exclusión social.

Finalmente, llamamos al Estado Mexicano a continuar dando pasos firmes en el cumplimiento de la Ley General y el fortalecimiento del SIPINNA, colocando especial énfasis en los Sistemas Municipales y la urgente revisión del presupuesto público destinado para su efectiva implementación. Los derechos humanos de 39 millones de niñas, niños y adolescentes nos exigen aportar nuestro mejor esfuerzo para garantizar su bienestar.

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