MÉXICO.- El PRI inició el proceso contra tres gobernadores y un exmandatario estatal que podría concluir en su expulsión del tricolor. Esto, debido a anomalías en sus gestiones y denuncias interpuestas por la propia Auditoría Superior de la Federación.

Tras haber dado entrada a la solicitud de expulsión por presuntos actos de corrupción, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria priista requirió a los órganos estatales pruebas sobre los señalamientos en su contra.

Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión, señaló que, además de notificarles sobre el proceso, deberán darles derecho de audiencia a Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua.

Los estatutos del PRI y su Código de Justicia Partidaria establecen, entre las causales de expulsión, cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas.

Para el caso de Rodrigo Medina, por estar sujeto a proceso, el Código señala que podría determinarse la suspensión temporal de sus derechos como militante en tanto se dicte una resolución definitiva.

Por su parte,  el sector empresarial no descarta emprender acciones legales en contra de hechos de corrupción que aquejan a al menos cinco estados del país e incluso recurrirían a organizaciones internacionales, si las autoridades no toman medidas, advirtió Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex.

Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Sonora son entidades que preocupan, pues recientemente han sufrido por el uso ilegítimo de recursos públicos, comentó el dirigente en una conferencia de prensa en el marco del primer Foro Empresarial Anticorrupción.

con información de agencias