MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR), acusó a Javier Duarte y a ocho de sus presuntos cómplices, por el lavado de más de 253 millones de pesos, en una operación de compraventa de terrenos ejidales en Campeche.

Fuentes oficiales, indican que la orden de aprehensión librada contra el Gobernador de Veracruz con licencia y compañía, se basa en dos pruebas: Una es la querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); otra, la declaración de Alfonso Ortega López, el abogado fiscalista que admite ser prestanombres del exmandatario de Veracruz.

La acusación que hoy tiene prófugo al priista se basa en una investigación que la PGR integró en 12 días, pues la querella de la UIF fue presentada el 6 de octubre pasado, y la aprehensión, librada por un juez federal el 18 del mismo mes.

El blanqueo de dinero, tuvo lugar entre 2011 y 2016, dinero que habría pagado la empresa Inmobiliaria Brades por una parcela del ejido Lerma, en Campeche.

Los terrenos pertenecen al mismo ejido donde se construyó el Campeche Country Club, un desarrollo residencial con inversiones de Carlos Mouriño Antanes, padres del fallecido Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

Sin embargo, se trata de propiedades distintas a las adquiridas por los supuestos prestanombres de Duarte.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-ER/00016553/2016, el esquema de blanqueo inició con el nombramiento de Moisés Mansur Cysneiros, amigo del Gobernador, y el abogado Ortega como ejidatarios.

Las tierras luego fueron desincorporadas del régimen ejidal y se adquirieron cuatro parcelas por 10 millones de pesos. Una de ellas se habría vendido en los más de 253 millones a Inmobiliaria Brades, empresa que, según la UIF, recibió recursos de otras nueve compañías para solventar la compra.

Ortega declaró que la adquisición de terrenos fue simulada, ya que las firmas que participaban en la compraventa son parte de la misma red de prestanombres.

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