CDMX, México.- ¿Sabían que Javier Duarte, exgobernador de Veracruz llevaba más de 180 días prófugo, superando incluso el total registrado por Joaquín Chapo Guzmán luego de su segunda fuga?. Ante este panorama, es justo cuestionar si existió la suficiente voluntad política para atraparlo, máxime porque se presume que posee información comprometedora, especialmente con relación a la campaña presidencial del 2012.

Electo Gobernador de Veracruz en 2010, Duarte de Ochoa formó parte del grupo de mandatarios que incluyó al chihuahuense César Duarte Jáquez y al quintanarroense Roberto Borge Angulo quienes, en mayo de 2012, el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto aseguró que representaban “el nuevo rostro” del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ahora, cinco años después, los tres enfrentan cargos de corrupción y, por el exmandatario veracruzano, el Gobierno de Peña Nieto ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos para quien entregara información que ayude a dar con su paradero. Desde su fuga, se le congelaron 112 cuentas y se le aseguraron cinco empresas y cuatro propiedades, entre ellas el Rancho Las Mesas, en el estado de México.

“El caso de Javier Duarte es una expresión mayúscula de la corrupción política en México”, consideró Alberto Aziz Nassif, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 

Dejó su estado en una situación de total debilidad en términos de seguridad, se robó el dinero, se amafió con los grupos del crimen organizado y, a final de cuentas, tuvo la posibilidad de escapar de la justicia y sigue como un prófugo que, en efecto, ha superado esta fecha que marcan con respecto a la cantidad de días que estuvo prófugo El Chapo”, agregó el académico.

Ante este panorama, no debe sorprendernos que México, ocupe el primer puesto en lo relativo a niveles de corrupción política, de entre los 34 países que conforman a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La presión política en contra de Duarte de Ochoa empezó a ser pública a partir de febrero de 2016, después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) difundió el resultado de la revisión a la cuenta pública de 2014 y encontró que el Gobierno del veracruzano presentaba más de 35 mil millones en recursos no explicados.

con información de la Procuraduría General de la República, agencias y Sin Embargo