CDMX, México.- Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas prófugo de la justicia en Estados Unidos y México desde por lo menos un lustro y acusado de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, fue detenido en Florencia, Italia, 12 años después de que dejara su cargo como mandatario estatal.
A juicio de expertos y analistas, su caso es un claro ejemplo de la falta de voluntad de las autoridades a la hora de detener a uno de los suyos, especialmente porque puede contar con información delicada que podría involucrar a otros políticos corruptos.
De hecho, coinciden en señalar que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “ha protegido a muchos gobernadores priistas” durante mucho tiempo, pero ahora, por “cuestiones políticas”, el Presidente ha considerado que era necesario que cayeran algunos, sobre todo aquellos a los que se vincula con el crimen organizado.
“La mezcla de corruptos con narcos es explosiva, muy difícil de sostener para el gobierno. De ahí, que se optara por ir capturándolos aunque fueran del PRI», indican.
Yarrington fue Gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo del Presidente Enrique Peña Nieto, y supuestamente aceptó sobornos tanto del cártel del Golfo como de los Zetas, los dos grupos del crimen organizado más poderosos en esa región, cuya lucha encarnizada ha dejado miles de muertos, desaparecidos, a la sociedad totalmente atemorizada, los medios de comunicación silenciados y la frontera noreste del país plagada de fosas clandestinas.
De forma paralela a las investigaciones iniciadas en México, el FBI lo buscaba al menos desde diciembre de 2013, por lavado de dinero y fraude, entre otros delitos, acusaciones que sus abogados siempre negaron. Según Estados Unidos, Yarrington recibió pagos de narcotraficantes que operaban en el estado fronterizo con Texas. Según un comunicado de prensa del FBI de diciembre de 2013, supuestamente lo hacía a cambio de “dejarles operar a gran escala” en sus actividades criminales.
La unidad especializada en narcotráfico y delincuencia organizada de la fiscalía federal inició una investigación en su contra el 13 de julio de 2012. Más de cuatro años después, en noviembre de 2016, el gobierno ofreció una recompensa de 15 millones de pesos (unos 730 mil dólares) por información que llevara a su captura porque pese al “amplio despliegue” para intentar capturarlo no se había podido conocer su paradero, decía el Boletín Oficial de la Federación al hacer pública la recompensa.
Sin embargo, aunque las autoridades federales no daban con él, Yarrington contó hasta el otoño de 2016 con escoltas asignados por la fiscalía de Tamaulipas.
Expertos en crimen organizado enfatizaron lo mucho que se tardó en llegar esta detención y coincidieron en indicar que el arresto tiene connotaciones políticas, ya que este año habrá votaciones en varios estados importantes y en 2018 se celebrarán elecciones presidenciales, por lo que las autoridades quieren mostrar acciones contra la corrupción.
Para Edgardo Buscaglia, consultor internacional y experto en crimen organizado, la protección a los gobernadores va más allá de los partidos políticos. “Son señores feudales, intocables, a veces con más poder que el Presidente de la República”, dijo.
En su opinión, son “los principales arquitectos del financiamiento mafioso de las campañas electorales” porque desvían dinero de fondos públicos y gestionan irregularmente dinero tanto de empresas legales como del crimen organizado. “Cuando se vuelven impresentables (para la opinión pública) y bajo presión internacional, la Procuraduría General de la República actúa, pero estos gobernadores tienen mucha información con la que caería la mitad de la clase política como sucedió en Italia o Colombia”, añadió en declaraciones a la AP.
Precisamente por eso, Buscaglia está convencido de que a los gobernadores no se les encarcela directamente cuando hay una orden de aprehensión en su contra. “Comenzarían a revelar información y comenzaría a generarse un efecto dominó”.
con información de agencias
jcrh