La subcontratación que se celebra en la capital es preocupante y data desde 2013, convenios de millones de pesos anuales con empresas que se encargan del hecho, principalmente a mujeres, para el servicio de intendencia en inmuebles de la Administración Pública.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALCDMX), Armando López Campa, alertó que la subcontratación laboral sigue en aumento en la Ciudad de México, siendo los servicios no financieros y el comercio los sectores que más recurren a esta modalidad de empleo de personal.
Anunció que en la próxima sesión ordinaria de sesiones, presentará un punto de acuerdo para solicitar a Amalia García Medina, titular de la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), un informe sobre las medidas que se han instrumentado respecto a la subcontratación de personal en las dependencias públicas del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX).
Pedirá también el número de contratos y personas que laboran bajo este esquema; igualmente a Salomón Chertorivski Woldenberg, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEEC), un reporte de los beneficios y perjuicios que genera en la actividad económica la subcontratación.
Explicó que la subcontratación, terciarización o también llamada “outsourcing”, es el proceso económico empresarial en el que una sociedad mercantil o administrativa transfiere los recursos y responsabilidades referentes al cumplimiento de ciertas tareas a una sociedad externa, empresa de gestión o subcontratista, que precisamente se dedica a la prestación de diferentes servicios especializados.
López Campa reveló que hasta 2014, en la Ciudad de México se contabilizaban 295 mil 180 mujeres que trabajan principalmente en “servicios de apoyo” en el que se integran los servicios de limpieza de inmuebles. Todas ellas concentradas en poco más de 10 mil empresas pequeñas y grandes.
“Ha aumentado el número de capitalinas empleadas, principalmente, para realizar servicios de limpieza que carecen de contrato escrito, por lo que se dan despidos injustificados que conllevan a la precarización del trabajo femenino y a abusos laborales”.
Lamentó que el factor humano en todos los casos sea el mismo, es decir, el menosprecio de los derechos laborales de los trabajadores que carecen de acceso a programas de seguridad social, de capacitación, no reciben vacaciones, pagos de aguinaldo, horas extras, ni utilidades.
Asimismo, recordó que en 2014 la entonces STyFE, Patricia Mercado, declaró que terminar con la subcontratación en la administración pública capitalina era una prioridad.
Hasta ahora se continúa con la práctica, ya que se generan “supuestos beneficios” a quien contrata como son la reducción de gastos al transferir los riesgos derivados de las relaciones laborales, eliminación de la carga administrativa que implican las obligaciones laborales y de seguridad social que conlleva la contratación de personal.
Sostuvo que aunque el principio establecido por la Ley, referente a la irrenunciabilidad de derechos laborales está presente, éste ha sido insuficiente para detener dicha tendencia. Atribuyó este acontecimiento a una combinación de menor fiscalización y debilidad o ausencia de verdaderos sindicatos.
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