MÉXICO.- Este sábado, en el país entra en vigor un  ambicioso nuevo sistema de justicia penal que instaura los juicios orales y públicos. Si bien el Gobierno federal le apuesta en grande, todavía debe superar graves deficiencias como la obtención, en ocasiones, de confesiones bajo tortura por parte de las fuerzas de seguridad.

El nuevo sistema busca agilizar los procesos y superar las fallas crónicas por las cuales cerca de 40 por ciento de los presos pasan años en las cárceles sin sentencias o en juicios engorrosos en los que nunca ven a los magistrados.

Tras una reforma constitucional en el 2008, varios estados de los 32 del país comenzaron a hacer juicios orales y públicos que a partir del 18 de junio serán obligatorios en todo el territorio, aunque no de manera retroactiva.

«El 45 por ciento de los delitos podrán negociarse con una reparación del daño, podrá conciliarse, mediarse, encontrarse una solución entre las partes para no llevar el proceso a un juicio larguísimo», dijo María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo mecanismo penal.

Sin embargo, todo el sistema en el cual México ha realizado una cuantiosa inversión con el apoyo de Estados Unidos, cojea por el lado de la policía y otras fuerzas de seguridad, que no han sido lo suficientemente capacitadas y a menudo son corrompidas por la delincuencia organizada.

La falta de investigación criminal profesional, la incapacidad para cumplir una cadena de custodia de un cuerpo en el caso de homicidio, o la falta de independencia de los servicios periciales han llevado a callejones sin salida en casos de alto impacto como la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el 2014.

 En ese caso, que causó indignación dentro y fuera del país, existen dudas sobre de dónde salió un fragmento de hueso del único estudiante hasta ahora identificado y algunos detenidos han denunciado torturas, entre otras fallas.

Son comunes en México las acusaciones de tortura contra los diferentes cuerpos de policía, así como contra militares y marinos que desde hace casi una década están encargados de combatir a los poderosos cárteles del narcotráfico.

El jefe de la unidad encargada del nuevo sistema en la fiscalía federal, Rommel Moreno, dijo que éste tardará unos cinco años en implementarse totalmente, teniendo en cuenta que falta adecuar algunas leyes. Pero organizaciones como CIDAC o México Evalúa calculan unos 11 años.

Otro punto flaco del nuevo sistema es la escasa preparación de muchos abogados. Expertos dijeron que varias de las más de 1,700 escuelas de derecho en todo el país gradúan juristas en dos años, dándoles clases solo los fines de semana.

con información de agencias

jcrh