MÉXICO.- En México, la impunidad y la desaparición son una constante en el país, la mayoría de las veces, cometidas por policías, militares o algún otro servidor público. Salvo el caso de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, un evento que causó revuelo a nivel nacional e internacional, la mayoría de los casos no llegan siquiera a ser conocidos por las fiscalías e incluso los medios de comunicación.
De igual forma, estos delitos, por lo general representan la cara del fracaso de la depuración de las corporaciones policiales e incluso de las fuerzas armadas.
Según señala el más reciente informe sobre evaluación de policías en México, de junio pasado, mostró que de 329 mil 823 elementos examinados, 9 por ciento no aprobaron los controles de confianza; está pendiente conocer el resultado de 2 por ciento de las pruebas, mientras a uno por ciento de los elementos no se les han aplicado.
Sobre el destino de los elementos reprobados de 2014, quienes representan el 12 por ciento del total, las autoridades federales no han detallado al respecto. Igualmente, tampoco se ha hecho público, qué ocurrirá con quienes no aprobaron este año (31 mil 565 elementos).
En los episodios documentados de desaparición forzada es común que los agentes trabajaran para los delincuentes o fueran los propios ejecutores de los delitos.
Salvo excepciones, las fiscalías no cuentan con una estructura para la integración eficiente de bases de datos, sobre todo genéticos (ADN); tampoco tienen personal suficiente ni los recursos materiales necesarios para atar cabos. En el mejor de los casos, cientos de expedientes son revisados a nivel de trabajo de escritorio.
Las entidades del país carecen además de criterios y protocolos unificados para la búsqueda de personas y, en especial, para reaccionar en las primeras horas posteriores a la denuncias de los casos.
En seis estados, las autoridades de justicia confirmaron la existencia de unidades especializadas, mientras en otros se reportan áreas, mesas, grupos especiales o fiscalías, y en algunos de plano niegan información acerca de las herramientas técnicas, científicas y de organización de personal ante el agravamiento de estas agresiones cometidas por particulares e incluso por servidores públicos.
Mientras en Aguascalientes, Baja California, Michoacán, Puebla, Querétaro y Sinaloa se destaca la existencia de unidades especializadas (base para la coordinación entre los tres niveles de gobierno), en otras entidades no hay datos precisos al respecto y, por tanto, se desconoce el tamaño de la estructural material y de recursos humanos para hacer frente a la problemática.
Por ejemplo, en Chihuahua, con mil 77 expedientes por resolver respecto del paradero de personas, su fiscalía general sólo tiene una unidad especializada para la búsqueda de mujeres. Los asuntos de varones son enviados a la unidad de atención a víctimas del delito.
Igualmente en Coahuila, si bien se han generado instancias oficiales de peritaje, son las organizaciones civiles, como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Víctimas por sus Derechos, las que se dedican permanentemente a indagar el paradero de sus seres queridos: solicitan información, hacen gestiones e incluso realizan sus propios rastreos y excavaciones donde se presume haya fosas clandestinas. También llevan las historias de las víctimas a las más altas esferas, aunque lamentan enfrentarse a falta de pericia, profesionalismo y voluntad para hilar los hallazgos.
En el estado de México, con 2 mil 830 carpetas pendientes (es la segunda entidad del país en cuanto a volumen y rezago, sólo después de Tamaulipas), fue creada una fiscalía de investigación de personas desaparecidas, pero su enfoque se ha concentrado en las agresiones a mujeres, luego de que en 2015 fue emitida ahí una alerta de género por el alto nivel de violencia contra este sector de la población.
Lo mismo ocurre en Guerrero y Sinaloa, donde los grupos no gubernamentales han tomado la batuta en cuanto a rastreo de fosas clandestinas y para buscar pistas del paradero de las víctimas. Enfrentan opacidad e inacción de las autoridades en territorio en disputa por los cárteles de la droga.
En Guerrero hay 963 personas no localizadas, cuya investigación es responsabilidad estatal. Otros casos ya fueron atraídos por la Procuraduría General de la República, como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Para Morelos y Nuevo León son igualmente los grupos civiles los que han tomado la vanguardia en las acciones.
Mientras, en Tamaulipas, la entidad con el mayor número de personas no localizadas (poco más de 5 mil 500 casos pendientes), la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo afirma que hay 22 personas víctimas de desaparición forzada, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos niega esta situación.
Veracruz es también territorio emblemático en cuanto a casos por clarificar. Hoy en día, se calcula que en el estado, hay por lo menos medio millar de casos en la misma situación.
con información de agencias, La Jornada y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
jcrh